Estos gravamenes generarían mayor desempleo en las zonas rurales

Continúan los trámites burocráticos, los gravámenes a la producción, y el ataque sistemático del estado en contra de todo aquel que pretende generar empleo y riqueza en el país.

Ahora son los Concejos Municipales de algunos cantones como Cartago, Coronado , Goicoechea,  entre otros, quienes pretenden tasar las actividades agropecuarias mediante proyectos de ley o mediante acuerdos locales, consecuencia de la voracidad fiscal que caracteriza a nuestro país. Otro ejemplo es el del Concejo Municipal de Tilarán. Son licencias municipales para pagar impuestos en industria, comercio y servicios.

Es por ello que, deseo hacer eco esta tarde, de la oposición formal que la Cámara Nacional de Agricultura y Agro Industria, dirigido a los Diputados que les corresponda dictaminar, en relación con el Proyecto de Ley N° 18.321,

“Reforma a la Ley de impuestos municipales de Cartago, Ley 7248”, que pretende gravar aún más, las actividades agropecuarias en dicho cantón. Este proyecto fue enviado primeramente a la Comisión de Asuntos Municipales y luego, el 17 de noviembre de este año, a la Comisión Especial de Cartago.

Los argumentos esbozados en la nota del 20 de octubre del

presente año los sintetizo a continuación:

         i.   El Sector Agropecuario ha presentado una importante pérdida de competitividad, debido al aumento en los precios de los servicios regulados por el Gobierno (combustibles, salarios y electricidad), es por ello que al tasar las actividades agropecuarias, acuícolas y agroindustriales, tanto del cantón Central de Cartago como cualquier otro cantón del país, con un impuesto por patentes municipales, pondrá en riesgo la producción agropecuaria nacional.

 

        ii.   El método de cálculo del impuesto de patentes resulta desproporcionado, discriminatorio y atenta  contra los parámetros de legitimidad fijados por las normas y principios constitucionales.

 

      iii.   El impuesto es o será confiscatorio para cientos de productores que hay en el cantón, ya que el monto de la tasa se determina sobre un porcentaje de la base de las ventas o ingresos brutos, más otro porcentaje de la renta líquida gravable del sujeto pasivo, es decir, existen dos fórmulas distintas e incluyentes para establecer el monto a pagar por concepto del impuesto de patentes.

 

     iv.   La aplicación de tales fórmulas provoca que paguen más impuestos los productores que tienen pérdidas -y, por ende, con una menor capacidad contributiva o económica- que los que tienen ganancias, por lo que se considera discriminatorio, irrazonable y violatorio del principio de capacidad económica o contributiva.

 

       v.   Muchos productores del Cantón han sufrido incrementos desmedidos en el pago del impuesto de bienes inmuebles por la aplicación de la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas del Ministerio de Hacienda, previos a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9071 “Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley de Bienes Inmuebles y sus Reformas para Terrenos de Uso Agropecuario”, ley que intenta proteger a los productores, para diferenciar los valores de los terrenos de uso agropecuario.

 

Hago una especial excitativa a mis compañeros y compañeras dictaminadores, para que analicen de manera objetiva estos argumentos, y valoren muy bien su posición a la hora de dictaminar dicho proyecto de ley. Les comento que ya está disponible el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, con observaciones importantes para ser consideradas. Ya el sector productivo nacional no soporta más gravámenes, y en esta época en especial, donde los costos de la electricidad y las cargas sociales son tan onerosos, debemos ser muy cautos en no generar un mayor desempleo en zonas rurales y semi-urbanas.

Sobre Plan Nacional de Desarrollo

Las  acciones gubernamentales deben tener un aquí, un ya y un cómo.

Y en lo propuesto en la carta de intenciones del pasado lunes, solo observamos metas y objetivos a 2 y a 3 años plazo.

Necesitamos acciones inmediatas para atender el estado de “indigencia” en que se encuentran casi 345 mil compatriotas.

Me hubiera gustado ver cuáles son las acciones concretas para reducir el alto costo de la energía, pues a pesar de que el petróleo se ha desplomado de 100 a 75 dólares el barril, en 3 meses, no observamos un descenso trascendente en el precio de los combustibles y por ende, de la  factura eléctrica. Lo más grave fue escuchar, en la Comisión de asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales el día de hoy, al señor Carlos Obregón, Presidente Ejecutivo del ICE decir que en Costa Rica no hay crisis energética, afirmación que fue respaldada por el Ministro de la Presidencia; y que por lo tanto, el proyecto de contingencia eléctrica no es necesario y no será convocado para sesiones extraordinarias.

También hubiese sido de mi agrado escuchar el avance del decreto de emergencia emitido el 8 de mayo, relacionado con la intervención inmediata de los 13 puentes y alcantarillas. 6 meses de espera y sin avances tangibles.

En materia de una verdadera reforma educativa, pilar imprescindible para combatir la pobreza, no se dijo absolutamente nada. He sostenido de manera reiterada, que nuestro país necesita reorientar la educación secundaria y superior hacia el área de las tecnologías, la informática, la educación financiera, y el conocimiento de nuevos idiomas. Pero nada se planteó en tal sentido. Hoy en la República se indica que el nivel de inglés del país es tan bajo que actualmente se ubica entre las últimas posiciones de Latinoamérica.

Se hizo énfasis en que se van a finalizar las obras de infraestructura con algún grado de avance que vienen de anteriores administraciones. Eso es algo lógico y poco novedoso. Sin embargo, no se habló de nuevos aeropuertos internacionales ni en la Zona Norte, ni en la Zona Sur, áreas de mayor depresión económica y rezago social; ni de tomar los millones de dólares subutilizados de los fondos de pensiones complementarias para ese tipo de proyectos, mediante fideicomisos de titulación de obra, cuyo uso ya fue autorizado por el CONASSIF.

Tampoco de megaproyectos de generación de energías limpias a través de esta sana figura de financiamiento con capital nacional ocioso.

No escuchamos acciones inmediatas para flexibilización  de jornadas laborales, que permitirían contratación de más personal, reducción del desempleo y aumento de la eficiencia en las empresas.

La ciudadanía ya está cansada de planes, promesas y nobles intenciones.

El tema de los deteriorados servicios de salud pública en la seguridad social brilló por su ausencia. Parece que no existe interés en una agilización con calidad en la atención sanitaria. El ineficiente sistema del modelo actual en la prestación de estos servicios continúa intocable; intuyo que continuará así para los años venideros.

La primera ley de la burocracia es proteger a la burocracia, como lo afirmó con sapiencia el expresidente Reagan, y entonces vemos cómo gremios y feudos del sector público, salen inmunizados después de haber boicoteado la importación y también la exportación de la producción nacional, durante 14 días.

Cada 4 años un nuevo plan nacional de desarrollo, y cada vez menos y menos desarrollo. Esa es la historia.

El país no requiere planes cuatrienales repetitivos, sino verdaderas políticas de estado en los temas apremiantes que he mencionado.

Se dice que un gobierno se dibuja en sus primeros 12 meses de gestión. Sr. Presidente y señores del gobierno…..los próximos 6 meses deben ser fructíferos en acciones evidentes, o el desencanto y la inacción que estamos observando, puede llenar de una mayor frustración a un pueblo incauto y confiado como el nuestro, que refrenda cada 4 años su reiterada candidez electoral.

 

Sobre especialidades médicas

El tema de los prolongados tiempos de espera que los asegurados de la Caja del Seguro Social debemos soportar, para una cita con especialista, continúa siendo una situación compleja sin visos de solución.

Ni en anteriores administraciones ni en la presente, hemos visto la disposición de buscarle una solución permanente a este crónico y penoso dilema de salud pública.

Tampoco, de parte de los cotizantes al sistema, se aprecia un interés por generar presión para una atención médica oportuna.

Pareciera que el conformismo hacia un modelo de atención deficiente, en franco deterioro, y poco resolutivo, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para los costarricenses, y ya no nos preocupa que nos programen citas a uno, dos o tres años. Hemos asimilado con estoicismo, tolerancia, y paciencia ilimitada, la falla inevitable de un sistema de salud en franco deterioro.

El Movimiento Libertario planteó, en campaña, alternativas diversas para paliar la situación. No puedo referirme en este corto lapso a detallarlas, pero sí quiero comentar e insistir esta tarde en una de ellas.

EL aspecto medular en el déficit de especialistas en áreas críticas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, oftalmología, entre otras, se sustenta en el modelo de estudios de post grado existente, que mediante un convenio entre la Caja y la Universidad de Costa Rica, solo permite a ese centro educativo  la formación y supervisión de los nuevos especialistas en las instalaciones hospitalarias de la seguridad social.

La idea que apoyamos es que también las universidades privadas acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, (Sinaes), puedan participar, en conjunto con la UCR.

Varias universidades no estatales, que imparten la carrera de medicina con acreditación de calidad, han intentado en vano, desde el año 2007, iniciar programas de formación de especialistas con campos clínicos en los hospitales de la Caja.

La mayoría de los que se están formando en este momento en la Caja, son graduados de las universidades privadas. De los especialistas graduados en 2013, 81 habían obtenido su título de médico en universidades privadas y 64 de la UCR.

Según datos institucionales se estima que 1.011 especialistas se van a jubilar en los próximos cinco años. En este sentido, un incremento en el déficit de profesionales generaría un aumento de las listas de espera.

Sabemos que desde hace tres años existe una acción de inconstitucionalidad presentada por un supuesto trato diferenciado, no obstante, hasta la fecha no se ha dado una resolución.

En caso de que la Sala Constitucional diera la razón a los recurrentes, cualquiera de las universidades del país que ofrecen medicina, y por ende, el país, se beneficiarían del visto bueno de los magistrados.

Esta diputada considera que no es necesario esperar un fallo del alto tribunal, para implementar una medida que solo beneficios traería a nuestro sistema de salud, pues es evidente la necesidad de nuevos especialistas en áreas críticas para mejorar la oportunidad de la atención.

Desde esta curul, hago un llamado a la Junta Directiva de la Caja, para que vuelva a someter a discusión el tema, y se autorice con prontitud la apertura en nuevas especialidades médicas que son deficitarias en la actualidad, para ser llenadas por medio de las universidades no estatales acreditadas.

Si existe un deseo real de actuar en la reducción de las listas de espera por parte de la Institución, el tema que he tratado de poner a discusión de nuevo, es una medida sencilla y de implementación inmediata.

Las altas autoridades de la Caja tienen la palabra.

 

 

El aumento de la pobreza es lamentable

La semana pasada nos deparó una desagradable noticia. Ochenta mil nuevos compatriotas han pasado a engrosar el gran contingente de costarricenses en condición de pobreza, con un mayor énfasis en las zonas costeras.

El 22.7% de nuestra población, esto es, más de un millón doscientos mil ticos viven en precarias condiciones, y no les alcanza el dinero para suplir sus necesidades básicas en vivienda, salud, acceso a la educación, electricidad y otros servicios, y tampoco les alcanza el dinero para adquirir una canasta de alimentos elemental para su subsistencia y nutrición.

El año 2014 será recordado por ser el año en que, el índice de pobreza, después de 6 años de no descender ni subir, se ha disparado en casi 2 puntos porcentuales.

Amarga noticia para todos, pero más amarga todavía para aquellos políticos que creen en el asistencialismo social permanente del estado, como la mejor opción para el desarrollo.

Más de 650 mil millones de colones al año, invertidos en en diversos,  frustrantes  y dispersos programas de acción social, no han deparado los resultados esperados en el combate contra este flagelo social.

Esto significa en parte, que la población objetivo a quien se dirige la ayuda no es la correcta, y a que los recursos asignados se consumen en programas vagos, sin evaluaciones ni controles adecuados.

Y es que, quienes han dirigido y dirigen las políticas para reducirla, no han querido comprender que la mejor política social es la creación de un clima de inversiones apropiado.

La única opción para ir reduciendo estos índices, es una política agresiva de generación de empleo, sustentada por un lado, en  una educación orientada a la capacitación en nuevas tecnologías,  al aprendizaje de nuevos idiomas, y al estímulo al intelecto creativo de nuestros alumnos, y por otro, a la reducción de tramitomanía, de regulaciones legales y ambientales de ideologías tasnochadas, que han fortalecido a grupos de poder que, al amparo de los monopolios y granjerías estatales, han dañado el clima para la creación de nuevos empleos,  y han golpeado la atracción de nuevas inversiones para la generación de los mismos.

No logro entender como un gobierno socialista en el vecino país del norte, se dispone a iniciar un megaproyecto, para construir un ambicioso canal interoceánico, y en nuestro país, un grupo de seudo-ambientalistas, trata de frenar un proyecto de mil millones de dólares para la zona atlántica, mediante recursos dilatorios ante una SETENA,  igualmente complaciente e ineficiente para resolver con prontitud estas acciones.

No es con ayudas y migajas estatales como el pueblo de Costa Rica puede salir adelante. Estas pueden paliar las necesidades temporales, pero año con año, veremos con tristeza como más compatriotas aumentan el contingente de pobres, si no damos un viraje en el modelo vigente.

También hemos perdido 5 puestos en el ranking del BANCO MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE FACILIDAD PARA REALIZAR NEGOCIOS, BAJANDO DEL LUGAR 78 al 83,  DE 180 países analizados. A nivel latinoamericano el país es noveno en esta medición, y nos superan países como Colombia, México y Chile, entre otros.

No hay política que produzca más desempleo y recesión que el aumento y la creación de nuevos tributos, sin embargo, la receta que nos anuncia el actual gobierno, son nuevos impuestos a  discutirse en este parlamento a partir del mes de diciembre próximo.

Preparémonos entonces queridos costarricenses, para un año 2015 con poca generación de nuevas fuentes de trabajo, y con el aumento de los índices de pobreza, si el gobierno mantiene su obcecada actitud en materia de política económica y fiscal.

Aquí en el legislativo daremos las luchas que se deban dar, pero el pueblo también debe hacer sentir su voz en todos los foros, para que, con razones y argumentos válidos, logremos convencer al poder ejecutivo, de un cambio de rumbo necesario para crear el clima de inversión que el país requiere con urgencia.

''Se puede desarrollar obras de infraestructura sin endeudamiento externo''

Es un hecho comprobado que nuestro país tiene los recursos económicos propios para desarrollar obras de infraestructura sin endeudamiento externo.

De sobra se ha debatido, por ejemplo, sobre el uso que pueden darse a los excedentes enormes del Instituto Nacional de Seguros, de los Bancos del Estado y de los fondos abundantes de las diferentes operadoras de pensiones complementarias, generadas a partir de la ley de Protección al Trabajador.

Estas últimas, según el corte a setiembre pasado, administraban en conjunto, ¢3,6 billones de los trabajadores, que equivalen al 13,3% de la producción del país. Y hablo, entre otras, de Vida Plena, BN Vital, Popular Pensiones, la Caja del Seguro, y BAC San José que son las mayores inversoras.

De dicho monto, solo ¢28.450 millones; es decir, 0,78% del total, está invertido en fideicomisos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), utilizados para construir plantas de generación de energía.

Nos alegra de la noticia de que el CONASSIF - Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero- órgano de apoyo a las superintendencias en la regulación y supervisión de entidades que operan en el sistema financiero del país, derogó el pasado 22 de setiembre, el tope máximo que tenían las OPC (operadoras), para invertir en emisiones de valores destinadas a obras. El cambio está pendiente de publicarse en La Gaceta.

Esta medida permitirá subir de un 0.78% actual  a un 10%, la autorización para invertir en fideicomisos de titulación de obra pública. Dispondremos entonces de $850 millones de dólares para financiar todo tipo de carreteras, puertos o aeropuertos que sean rentables para todos nosotros, que somos  los  propietarios de esos fondos.

Actualmente la mayoría de esas inversiones están en títulos del Ministerio de Hacienda, es decir, son utilizadas por el estado para sostener el abultado déficit fiscal en pago de salarios, pensiones, transferencias y otros disparadores del gasto de sobra conocidos.

El riesgo de invertir solo en títulos de Hacienda es evidente, pues aunque se estila declarar que el estado nunca quiebra, la experiencia nos dice que, en países como el caso de Grecia y otros, esta premisa en la práctica no ha sido tan veraz como la presentan. 

Los ahorros de todos los costarricenses podrán ahora ser utilizados en el desarrollo mismo del país. Proyectos de este tipo han sido exitosos en otros países, como el caso de Chile, donde se han construido enormes autopistas y represas con los fondos de pensiones, que generan grandes ganancias a través de los peajes y generación eléctrica, las cuales pasan a engrosar las cuentas individuales de retiro de cada uno de los ahorrantes, trayendo consigo más y mejores montos de pensiones para la vejez.

Estamos sentados sobre una botija de oro, y nos sentimos un país pobre. Así son las ironías de la vida en Costa Rica. Las amarras legales y los condicionamientos para invertir nuestros propios dineros, parecieran querer soltarse en nuestro país.

Falta ahora, soltar también el nudo de la cogeneración eléctrica, para permitir que este tipo de fideicomisos de titulación en inversión, lleguen a generar producción de energías limpias como proyectos geotérmicos, eólicos, y también  a partir de biomasa.

Queda confirmado que dinero sobra, lo que ha faltado es voluntad para permitir la inversión en todos estos tipos de obra mediante fideicomisos de titulación.

La noticia reconforta; y si aparece mayor necesidad de dinero, el CONASSIF ha reiterado que puede autorizar un mayor porcentaje de inversión en esos fondos.

A pesar de que sindicatos antipatriotas pretenden detener el avance del país, emergen aires de positivismo para darnos un aliento de esperanza en el horizonte del desarrollo nacional.

''Sr. Presidente, no debe usted enfadarse porque aquí hagamos lo que debemos hacer, esa es nuestra función.''

Sabemos que el déficit fiscal no es el único problema, pero sí el más importante en este momento. Por ello no es de recibo la declaración emitida el domingo 19  en cadena de televisión por parte del Presidente Solís.

Gobernar con dinero prestado, es decir, con mayor endeudamiento, no es gobernar bien, aunque esa haya sido la tónica imperante en algunas de las anteriores administraciones.

Si los ciudadanos votaron en febrero y en abril con la esperanza puesta en un cambio de paradigma, la mejor evidencia de otra concepción del manejo de la hacienda pública no es la que estamos observando.

Postular en campaña un “NO MÁS DE LO MISMO, PARA LUEGO LLEGAR Y HACER MÁS DE LO MISMO”, genera frustraciones peligrosas para el futuro democrático de la nación.

Decir que el presupuesto planteado será una reversión de las políticas públicas precedentes en materia de gasto, solo porque se gastará más en acción social, es un sofisma de corte populista, como electorera es también la posición de acuerpar protestas callejeras para amedrentar al congreso de la república.

Desde el momento mismo que nuestra legislación, dio la potestad de aprobar o desaprobar los presupuestos públicos a esta Asamblea Legislativa, es porque en el seno de la misma están representados todos los credos, todas la posiciones políticas y todos los estratos de la actividad económica del país. Y para ello, designó a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y al mismo Plenario Legislativo.

Es en estos recintos donde se decide que se gasta y como se gasta el dinero público. El poder Ejecutivo puede proponer el plan de gastos, pero ante un gobierno gastón, que no da muestras de saber administrar con prudencia los escasos fondos estatales, el contrapeso de un legislativo austero, racional y responsable, es la opción que tiene el pueblo costarricense para evitar catástrofes financieras del estado.

Ocho de nueve fracciones aquí representadas, estamos advirtiendo al gobierno que no lleva una hoja de ruta adecuada en las diversas temáticas.

Vemos con normalidad el disgusto presidencial ante los recortes planteados al presupuesto enviado, lo que no vemos con normalidad es endosarle al parlamento eventuales faltantes en seguridad, salud y educación, porque es precisamente en esas áreas donde menos hemos actuado.

Cuando el dinero no alcanza, los gastos se priorizan y orientan según los objetivos más apremiantes. Se congela lo superfluo, lo excesivo, lo exagerado; y se posponen algunas acciones, proyectos y programas en espera de tiempos mejores.

Gobernar es administrar, y administrar es planificar, es ejecutar y es evaluar, y no vemos de parte del Ejecutivo, ninguna de estas tres premisas básicas en el complejo arte de la sana administración.

Sr. Presidente, no debe usted enfadarse porque aquí hagamos lo que debemos hacer, esa es nuestra función. El control político y el análisis de los presupuestos es un mandato que hemos recibido, como también es su mandato el control permanente del gobierno central y los entes para-estatales, la fiscalización permanente del quehacer de sus ministros y presidente ejecutivos, y la decisión de lo que es prioritario y de lo que puede esperar.

La democracia callejera no ha sido nunca una buena consejera, y le recuerdo que los aliados de hoy pueden ser sus detractores mañana. Cuando el aumento salarial del sector público para enero del 2015 no pueda alcanzar ni el 2%, yo quiero ver si esos aliados sindicales que hoy le sonríen, continuarán marchando hacia de Cuesta de Mora o se enrumbarán hacia Zapote.

Es nuestra responsabilidad ser un contrapeso austero

En materia económica, las señales que se den por parte del Poder Ejecutivo, son fundamentales para tranquilizar a los organismos internacionales y a las reconocidas calificadoras de riesgo.

Y aunque no se dé ninguna señal por parte del mismo, el poder legislativo sí puede enviar algunas, a través de una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas.

Me reconforta saber que somos un nutrido grupo de  legisladores los dispuestos  a apoyar las decisiones que emanen de la Comisión de Asuntos Hacendarios en tal dirección.

Tenemos informes que debemos reducir la proyección del alto déficit fiscal, no solo por iniciativa propia, sino por recomendación del Fondo Monetario Internacional, y para ello se debe alcanzar al menos un 5.7% del Producto Interno Bruto y no el 6.7 de proyección actual del déficit. Con recortes adecuados y sin despilfarro puede lograrse esa reducción del 1% del PIB.

Desde hoy y hasta el 30 de noviembre, el trabajo de Hacendarios debe contar con el respaldo de todos. Nuestra labor requiere ser solidarios con el trabajo de nuestras compañeras y compañeros de dicha Comisión, para que logren detectar minuciosamente hacia donde puede orientarse el necesario ahorro.

El país requiere en este momento una dosis de economía doméstica. Cuando el presupuesto familiar no alcanza para cubrir los gastos, en nuestras familias debemos reducir salidas y paseos innecesarios, recortar los rubros de diversión, compra de ropa nueva, ahorro en el consumo de energía y de combustible, y priorizar gastos en pago de deudas, en alimentación básica y en transporte estrictamente necesario. La receta familiar es la misma para la Hacienda Pública, pero nos cuesta comprender que al no ser dinero nuestro, podemos disponer alegremente del mismo.

Un gobierno central gastón, tendrá entonces como contrapeso un legislativo austero. Esa es nuestra responsabilidad.

Hay ejemplos de pequeños ahorros en diversos ministerios, que sumados en conjunto, nos pueden dar grandes sorpresas de contención del gasto al final.

Pero hay casos como el Ministerio de Planificación (Mideplan), por ejemplo, que aunque reduce su presupuesto total, destina 110 millones de colones para consultorías en “servicios de ciencias económicas y sociales”, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico del 2015.

Durante el año pasado se invirtieron solo 35 millones en estos procesos, y este gobierno presupuesta más 110 millones en dicho ministerio para el mismo propósito. Se dice que es para evaluaciones de programas, lo cual no es más que un eventual disfraz de contrataciones de consultorías.

El presupuesto de Mideplan asciende a 9.900 millones.  Incluso, se  están invirtiendo 7 millones de colones más en publicidad que en la administración anterior.

El Poder Judicial, deberá también aportar su cuota de sacrificio en la búsqueda de reducir y eliminar partidas. Algunas inversiones en infraestructura deberán posponerse uno o dos años, no solo en ese poder sino también en los entes descentralizados.

Sería de gran beneficio que algunas instituciones descentralizadas como los bancos del estado, y el mismo Instituto de Seguros, auxiliaran al fisco dando un porcentaje de sus ganancias y excedentes a fin de año. No en vano son entes para- estatales, cuyo único fin no puede ser el lucro en sí mismo, sino que como instituciones nuestras, deben ser solidarias con los costarricenses en épocas de vacas flacas como las actuales.

Estoy convencida que, cuando hay que raspar la olla, debe hacerse por todo lado, y no solo pensar que somos los ciudadanos, los únicos que saquemos la dura tarea con más cargas tributarias a nuestras espaldas.

El acto irresponsable del actual gobierno al enviar un presupuesto sin la adecuada planificación, precipitó el anuncio este martes, de la calificadora de riesgo Moody’s, quien rebajó la calificación de bonos del Gobierno de Costa Rica a Ba1 desde Baa3. Con este cambio, el país pierde el grado de inversión obtenido hace cuatro años.

Sobre Informe de 100 Días del Presidente Solís

Inicio mis palabras esta tarde  para reconocer un hecho positivo en el acto de la noche del pasado Jueves 28: en la Asamblea legislativa no había espacio adecuado para tanto ministro y presidente ejecutivo aplaudiendo cada cierto tiempo. Bien escogido el teatro Melico Salazar para la ocasión....

Esa noche, más que un informe de auditoría, esta diputada esperaba escuchar un conjunto de  estrategias con acciones concretas. Sin embargo, el sabor que percibo es que fue un intento de ordenar conceptos muy generales de filosofía política y no de praxis política. Se planteó una ruta muy vaga, una carta de intenciones generales, pero no un plan coordinado para el actuar en las diversas áreas del quehacer gubernamental.

Luego de una seguidilla de denuncias, de casi media hora, don Luis Guillermo Solís y su partido de Gobierno no detallaron si acudirán al Ministerio Público para sentar las supuestas responsabilidades, como es lo procedente.

El caso de los 117 vehículos extraviados de Casa Presidencial, por ejemplo, fue patético; pues se ha documentado posteriormente, que son activos desechados sin valor contable, solo registral. Lo asesoraron mal sus informantes.

Nos reveló también el Presidente, que el gobierno le va a pagar la deuda a la CCSS, pero no dice  cuándo, cómo y con qué recursos. 600 mil millones de colones no es nada fácil de saldar; creo que hubo algo de ligereza y populismo en tal afirmación. Los 174 mil casos de pacientes en espera de una cirugía o de una cita especializada, sin detallar un abordaje serio para reducir esa plétora, tampoco es fácil de resolver. Algo de tanta trascendencia y actualidad como es el estado del modelo del Seguro de Salud público, se tocó de forma superficial y sin soluciones pragmáticas.

Me hubiera gustado escuchar, por ejemplo,  qué va a suceder con el Seguro de Pensiones (IVM) de la Caja, con las Pensiones del Magisterio y las del Poder Judicial.

Qué acciones a corto y mediano plazo se tomarán en relación a dicha temática.

También, un planteamiento serio sobre cuales proyectos de infraestructura va a priorizar para la red vial urbana y rural. Nada se dijo sobre la carretera a San Carlos, si va por Naranjo o por San Ramón, tampoco sobre el corredor San José- San Ramón, ni sobre el proceso de rescate de la Trocha fronteriza, ni sobre los estudios del trayecto Barranca-Cañas, con tanto empréstito millonario sub-utilizado.

Me hubiera gustado también escuchar algo sobre el aeropuerto internacional de la Zona Sur, en la región turística de Osa y Golfito, que podría disminuir los índices de pobreza de la Región Brunca, la más menesterosa del país, a pesar de contar con  los 5.000 millones de colones que JUDESUR tiene sin ejecutar por incapacidad gerencial, 10 millones de dólares, que por lo menos para el movimiento de tierra y algún anteproyecto de planos podrían utilizarse.

Tampoco escuché nada sobre algunas obras urgentes que descongestionen el atascado tránsito vehicular del casco metropolitano, nada sobre mejora del servicio de trenes, ni proyectos relacionados con el tranvía eléctrico, solución que podría reducir la contaminación del ambiente y mejorar las presas de la ciudad capital.

Por otro lado, esperar 18 meses para que un Foro, que se ha dicho, inicia en este mes,  decida qué hacer con el problema de la electricidad y los combustibles, es mucho tiempo. Creo que 2 meses de discusión y análisis son suficientes para generar un plan de acción al respecto.

Fue reconfortante, y lo reconozco, escuchar al Presidente decir que solo con crecimiento económico fuerte  se disminuye el déficit fiscal y se generan empleos, y que por el momento no vienen cargas tributarias, las cuales bien sabemos, producen recesión por disminución del consumo y volatilidad de las inversiones hacia otras fronteras. Faltó, y fue evidente, acompañar esa tesis con medidas drásticas de contención del gasto público, que no fueron propuestas en el informe, ni las hemos observado con claridad, a excepción del tope a las pensiones de lujo. Los aumentos salariales  del 4 y 5% en los salarios del sector público y las altas transferencias a las Universidades son malas señales en esa dirección.

Sr. Presidente, pocos proyectos pero bien priorizados son los que requerimos. El pueblo lo podría recordar por 8 ó 10 acciones de trascendencia, si las logra ejecutar, y no por 30 ó 40 intentos desperdigados que a la postre nada van a resolver.

Concentrar los esfuerzos en proyectos seleccionados y de gran impacto, debe ser su mejor alternativa….Todavía su administración es joven, pero debe aterrizarla con prontitud para generar alguna confianza.

''Hay temas tabú que, ni el gobierno actual, ni los antecesores han querido abordar con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere''

El próximo jueves 28 en el Teatro Melico Salazar, me gustaría escuchar, de parte del Sr. Presidente,  posiciones y directrices de política gubernamental en 3 temas de gran actualidad, que requieren acciones concretas en el corto y mediano plazo.

El estado actual de los 3 principales regímenes de pensiones del país, no parece encontrarse en situación de solvencia financiera, o al menos, de sobrevivencia sin eventuales sorpresas, según las últimas declaraciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones- SUPEN.

Invalidez, Vejez y Muerte, el Seguro de Pensiones de la Caja, requiere medidas talvez no populares, pero que una administración sana y consecuente no debe posponer por más tiempo. Está claro que un aumento en el porcentaje de cotización y el aumento de la edad de retiro son medidas necesarias para preservar su sostenibilidad. Sin embargo, no observo en el Poder Ejecutivo, ni en el seno de la Junta Directiva de la Institución, un derrotero claro en ningún sentido. Son temas tabú que, ni el gobierno actual, ni los antecesores han querido abordar con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere. El mismo Seguro de Salud, está presentando serios problemas en el modelo de atención tradicional, sin que observemos soluciones urgentes inmediatas por parte de la Alta Jerarquía de la institución. La red de servicios no existe y los centros de salud son islotes descoordinados según declaraciones de la Presidenta Ejecutiva el día de hoy en la prensa.

De igual manera, quisiera escuchar acciones del Gobierno de la República relacionadas con el régimen de pensiones del Poder Judicial. Se presentan proyectos de ley para normarlas, pero ninguno proviene del Ejecutivo. Emanan soluciones de diversas fracciones legislativas, y otras ideas, del seno mismo del Poder Judicial, pero no tienen la fuerza suficiente para ser impulsados con viabilidad de ley, en la corriente legislativa. Igual fortuna está corriendo la reforma a las pensiones del Magisterio Nacional, donde es público y notorio los altos montos mensuales de muchas de ellas, que llegan en ocasiones a los 5 o 6 millones mensuales.

Espero al menos, de la Presidencia de la República, algunos anuncios en relación con esta escabrosa temática el próximo jueves por la noche.

El segundo tema del que quisiera escuchar algunas directrices es sobre la reducción del precio de la electricidad y de los combustibles. Hay una parsimonia preocupante alrededor del mismo. Se ofreció crear en 6 meses una Comisión para realizar propuestas concretas. En el mes de setiembre cumpliremos casi los 6 meses, y no se aprecian movimientos que nos alerten en ese sentido.

Por el contrario, el encarecimiento de la energía eléctrica parece ser la tónica imperante para el futuro inmediato, tanto por parte del ICE como de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Los costos operativos de las empresas crecen, y en fecha reciente nos anuncian que la YAMBER cerrará funciones en el país, para trasladar su actividad a Nicaragua, dejando a casi 150 personas desempleada, situación que hoy desmiente la empresa en un campo pagado en La Nación.

Un último tema, y no menos importante, se relaciona con los cuestionamientos éticos y financieros del manejo de la campaña del Presidente Solís. Gastos inflados y sobrefacturaciones de contratos de las famosas “rutas de la alegría”, pagos excesivos a la empresa “Jaulares”, pagos excesivos al abogado del PAC de millones de colones por autenticaciones innecesarias, consultorías por más de 100 millones de colones con fondos públicos a un asesor en comunicación política; sucedieron a vista y paciencia, o con el visto bueno del Comando de Campaña del entonces candidato Solís. No hemos escuchado por parte del Presidente, ni asumir responsabilidades en estos temas, ni emitir declaraciones contundentes condenando tales transgresiones éticas o financieras, suscitadas en el Partido que lo elevó a la primera magistratura.

Pareciera que el silencio presidencial ante tales hechos, o los intentos por no vincularse a ellos ni salpicarse, guarda relación con el viejo adagio de la historia nacional de la primera mitad del siglo 20, donde algún dirigente de viejo cuño se dejó decir que “en política lo único inmoral era perder”.

Tengo expectativas positivas que mañana en la noche podremos escuchar al menos, algunas pinceladas serias de abordaje responsable, durante el acto del informe presidencial de los 120 días, en relación con las preocupaciones que he podido esbozar en estos escasos 5 minutos de control político..

Podemos bajar el precio de los medicamentos

Diputada Díaz Quintana

El encarecimiento de las medicinas y otros activos afines, es un hecho que ha guardado estrecha relación con el ascenso del tipo de cambio. Pero además, es un fenómeno ligado a la exclusividad que durante más de 40 años ha existido de manera velada en la Ley General de Salud vigente.

 

Al amparo de un requisito en apariencia inocuo, el denominado “registro sanitario”, ha sido utilizado para convertir al importador, como único sujeto que puede realizar la importación del producto registrado.

 

La existencia de un registro exclusivo, con propietario, y la lentitud en el trámite para la  autorización a importar, distribuir y vender medicamentos, es la que ha motivado nuestra propuesta de reforma a la Ley General de Salud, presentada por la fracción del Movimiento Libertario, bajo el expediente Nº 19274.

La ruta crítica  de las solicitudes de registro sanitario para los medicamentos, reactivos de laboratorio clínico, alimentos, suplementos a la dieta, equipo y material biomédico y productos naturales, no es expedita. Al contrario,  es un proceso lento, quizás “burocratizado”, con  requisitos innecesarios, que se realiza ante la Unidad de Registro Sanitario del Ministerio de Salud.

Este trámite engorroso,  saturado de requisitos, obliga a las personas que desean comercializar esos productos en el país, a vivir un calvario administrativo para obtener las autorizaciones de importación, inscripción, comercialización y expendio de los mismos.

Ha existido en dicha Unidad, un retraso en la automatización de los procesos, un cobro que encarece cada registro, un manejo antojadizo y subjetivo de los expedientes, así como la utilización de la policía fiscal como mecanismo intimidatorio, y  una creación de normativa en ocasiones de imposible acatamiento, con reglamentos sin verdadero respaldo técnico.

La Ley General de Salud, Ley Nº 5395, contempla  un clima regulatorio a la importación transparente y competitiva de estos productos, tanto “innovadores” como  “genéricos”, ha desarrollado “exclusividades” en las empresas autorizadas a importarlos, lo cual se traduce en precios altos por la ausencia de competencia en el mercado.

La creación de un “registro sanitario” nacional para medicamentos de uso universal, abierto, de eficiencia mundial comprobada, con evidente ausencia de efectos secundarios o colaterales dañinos en la experiencia científica de su uso a través del tiempo, hace innecesario establecer mayores requisitos y controles para ser utilizados en nuestro país.

En concordancia con la apertura económica que Costa Rica inició a partir de los años noventa, donde las fronteras comerciales y las barreras arancelarias tienden a desaparecer, hemos creído necesario facilitar el acceso a todos estos productos y medicamentos, y al mismo tiempo fortalecer las herramientas eficaces para mejorar los estándares sanitarios que la sociedad requiere, reformando algunos artículos de la Ley General de Salud vigente, y permitir, de esta forma, una comercialización menos entrabada, menos costosa y con mayor variedad de actores en el sistema, adquiriendo  los productos a precios más asequibles, beneficiando tanto a los consumidores asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social como a los consumidores no asegurados.

Un “registro sanitario” abierto, sin dueño, al alcance de cualquier importador, persona física y jurídica acreditada, permitirá conseguir los medicamentos en aquel país donde su precio sea más favorable. Esta actividad de realizar importaciones atendiendo a estudios internacionales de mercado, y ubicar así el sitio de menor precio se conoce como “importación paralela”.

No es posible que los costarricenses estemos a merced de precios altos establecidos por compañías importadoras que tienen la exclusividad, y que sea el mismo estado quien mediante artificios y falacias legales, llene las arcas a los oligopolios de importación, todo a costa de los bolsillos de los ciudadanos de este país.

La Caja del Seguro Social, también se verá beneficiada, pues a mayor número de oferentes en las licitaciones, mayor será la posibilidad de escoger precio y calidad en libre competencia. Sabemos también que las crisis periódicas de desabastecimiento de medicamentos que sufre la institución, están en relación directa con las exclusividades y los vencimientos de los registros sanitarios.

A partir de la aprobación de esta iniciativa de ley, la cual esperamos tendrá el apoyo unánime de todas las fracciones aquí representadas, gozaremos de un registro de medicamentos utilizable para cualquier importador, con un trámite de inscripción más rápido, mediante “certificaciones de libre venta” en países donde las “entidades de alta referencia”, según la Organización Mundial de la Salud  y la OPS, su sede regional para América Latina, así lo acrediten en su control de calidad y su consumo interno.

Señor Presidente: ''Saber escuchar es de sabios, pero saber actuar a tiempo y sin temores es de estadistas''

Cumplimos ya  3 meses en nuestras funciones parlamentarias.

 

Deseo externar la tarde de hoy algunas inquietudes que además de ser motivo de mi preocupación, son también causa de aprehensión en la ciudadanía en general.

 

Observo una peligrosa parsimonia gubernamental en el ámbito del quehacer cotidiano. Todo sucede con excesiva lentitud; no vemos directrices concretas tendientes a resolver situaciones apremiantes en el día a día.

Una inflación que economistas experimentados la sitúan cercana al 7% para fin del año 2014, que duplicará la del año 2013, y su consecuente aumento en las tasas de interés, son un círculo vicioso persistente y peligroso, que promueve a su vez un mayor índice de desempleo, y una disminución de al menos 1 punto % del PIB (3.5%), en el crecimiento proyectado para el presente año. Esos son los pronósticos que se asoman.

Nada concreto en materia de reducción del costo de la energía eléctrica se nos presenta; estando el Proyecto de Contingencia en la corriente legislativa, el cual permitiría romper el tope del 15% para aumentar la cogeneración privada y estimular la inversión. Un día sí y otro también el ICE propone y luego retira aumentos tarifarios en la luz, sin entender que el modelo actual no es sostenible, y que debemos hacer reformas pensando en el largo plazo, para garantizar la disponibilidad de energía a precios accesibles a los  hogares, y para mejorar la competitividad del sector productivo

Tampoco nada definido para reducir el precio de los combustibles, principal disparador de la inflación, el cual genera un aumento en el transporte, los alimentos y la luz, entre otros bienes y servicios básicos. Las rebajas que se anuncian ya no impactarán en el índice general de precios, pues sabemos que en Costa Rica lo que sube no baja.

Todo permanece en proceso de estudio, todo está en análisis y consulta permanente, y no se sabe con quienes; todo está en espera de documentos de escritorio, sin acciones específicas y derroteros claros.

 La semana pasada  me enteré que el INCOFER retrasó la compra de vagones para el servicio de Alajuela, a pesar de que la vía férrea está casi concluida. El inicio de operaciones será en 2015.

Un Ministro de la Presidencia, con una situación jurídico-personal tan incierta en su nominación misma, debilita su capacidad de negociación y cabildeo con el parlamento. Sus viceministros tampoco han sido interlocutores de peso para entablar negociaciones con las 9 fracciones parlamentarias aquí representadas.

Las semanas venideras son clave, y los cambios de timón en las relaciones entre Asamblea y Zapote no deben esperar. Esto permitiría, talvez, un período más productivo durante las sesiones extraordinarias del mes de agosto, a pesar del poco impacto de cambio nacional de tanto proyecto convocado para escasas 3 semanas de sesiones.

Un acercamiento nada beneficioso con los socialistas suramericanos y Petrocaribe, nada conveniente para la imagen de neutralidad e independencia de criterio que han caracterizado la postura tradicional de Costa Rica en el concierto internacional.

Una adhesión a Petrocaribe comprometería nuestra independencia en política exterior y nuestra imparcialidad como nación, pues como dicen nuestros abuelos, en política no hay almuerzo gratis, y esa factura podría salir más cara que la misma factura petrolera.

Es más sencillo, y podría generar un mayor ahorro, enterrar a SORESCO y las negociaciones con la refinería china, y ahondar más en el destino de los 50 millones de dólares que ha gastado Recope en esta aventura. Promover la competencia en el mercado de los hidrocarburos es la salida lógica y más coherente.

Gobernar con sapiencia es gobernar con las ideas de todos los partidos políticos y no solo los sindicatos. Todos propusimos aportes valiosos para el desarrollo nacional durante la reciente campaña.

No debe olvidar don Luis Guillermo, que el millón trescientos mil electores que lo apoyaron en abril, fue toda una masa pluripartidista y de otros ciudadanos sin partido. Saber escuchar es de sabios, pero saber actuar a tiempo y  sin temores es de estadistas.