Respuesta al discurso del 1 de mayo del Presidente Solís

Tengo que empezar diciendo que, el discurso presidencial se orientó más hacia un informe del estado de cosas actuales, tanto en su presentación macroeconómica como en la presentación del marco teórico del futuro combate de la pobreza.

Nada novedoso en políticas de generación de empleo, ni en acciones de reducción de tarifas eléctricas para mejorar competitividad. Tampoco nada de acciones urgentes en materia de desregulación y reducción de trámites ni requisitos para iniciar o consolidar inversión nacional o extranjera.

Conceptos básicos de economía nos dicen que para duplicar el ingreso anual per cápita de una nación, es necesario crecer al menos en un 6% anual del PIB durante 20 años, cifra muy lejana del conformista 3,5 % de crecimiento actual en nuestro país.

La reducción de la pobreza ha sido misión imposible,  y en los últimos 16 años ha rondado el 21%; más de 1 millón de costarricenses viven sin poder llenar sus necesidades básicas vitales de alimentación, educación, vivienda, salud, vestido, trabajo digno y remunerado. El estado costarricense seguirá gastando más de 700 mil millones de colones al año en diversos y muy dispersos programas  asistenciales, porque no ha querido entender que con dádivas mensuales o diarias a través de la caridad de las instituciones, jamás podrá reducir estos índices de pobreza.

El programa “Puente al Desarrollo”, citado por el Sr. Presidente, que tiene como meta impactar la pobreza extrema, mediante la identificación y atención coordinada, directa y con seguimiento permanente, de 54.600 familias ubicadas en 75 distritos prioritarios, puede ser bien intencionado, pero sigue siendo un programa de corte asistencialista de mediano plazo. Pienso que sería más efectivo un abordaje en conjunto con empresarios, para generar fuentes de trabajo in situ en los 75 distritos, mediante incentivos directos para aquellas empresas que desean matricularse,  en clara concordancia con las condiciones geopolíticas, culturales y educativas de cada uno de esos distritos.

Ejemplo de ello es observar como en zonas de la Gran Chacarita, en Barranca, y en Paquera de Puntarenas, entre otras, se pudren los mangos maduros en el suelo de los patios de las casas en tiempos de cosecha, sea porque empresarios dedicados al procesamiento de cítricos no encuentran incentivos municipales ni a nivel central para abrir emprendimientos, o sea porque el estado ha sido incapaz de orientar y apoyar la organización de las madres pobres y jefas de hogar que ahí abundan, y convertirlas en copropietarias de pequeñas empresas procesadoras artesanales de este tipo de cítricos.

Siento que las convicciones ideológicas de quienes hoy nos gobiernan, y también de algunos de sus socios políticos, no les permite pensar que las alianzas público-privadas han sido el mejor modelo de desarrollo para sacar naciones de la pobreza. En países desarrollados como Japón, Estados Unidos, Suecia o Noruega, están muy claros que la quiebra de “empresas insignia” como la Toyota, la Chrysler, la General Motors o la Volvo, serían catástrofes financieras y laborales de repercusiones inimaginables, y por ello no tienen reparo en darse la mano en momentos de crisis. Lo público y lo privado deben ser aliados y no adversarios como a veces se da en nuestro país.

Otro ejemplo doloroso que he observado en visitas recientes a algunos cantones, es el suministro de agua potable. Nos contaba el Presidente Municipal de Cañas, don Néstor Delgado, que ese municipio no da permisos de construcción de viviendas de bien social, ni de hoteles o estructuras mayores, desde hace muchos años, como tampoco permisos de apertura de negocios tan sencillos como una simple soda, y la causa de ello es que NO HAY AGUA. Vean las ironías que ahí se dan; resulta que a 6 kilómetros de Cañas pasa el Río Corobicí, caudaloso y potente con abundantes corrientes de agua aptas hasta para el rafting, por sus fuertes rápidos, grado tres.

¿Cómo es posible que el cantón de Cañas tenga paralizado su desarrollo económico, existiendo abundancia de recurso hídrico a tan solo 5 kilómetros?

Me pregunto, ¿qué hace el Ministerio de Salud, rector de Acueductos y Alcantarillados, y qué está haciendo Acueductos entonces? Y ¿qué hace la Presidencia de la República encargada de supervisar tanto al Ministerio como a la Institución Autónoma encargada de suministrar agua a la ciudadanía?

¿Acaso está prohibido que Acueductos y la empresa privada se den la mano en proyectos de suministro y distribución del preciado líquido?

Hace escasas semanas decía nuestro Jefe de Fracción en este plenario, que era increíble ver como en Ojo de Agua de San Rafael de Alajuela, brota el líquido a borbollones de forma permanente, y en todo el norte de Heredia, a escasos 15 kilómetros, ya no puede autorizarse más proyectos de vivienda con la excusa de que no hay agua. ¿Cómo es posible que Acueductos y Alcantarillados no pueda construir solo, o en alianzas, un enorme tanque de captación en las alturas del norte de Heredia, bombear el líquido desde Ojo de Agua hacia dicho tanque, y luego distribuir por gravedad el agua hacia los diversos cantones de las partes baja de Heredia?

Nada de esto es imposible cuando se tiene deseos de hacer algo, cuando de verdad se quiere trabajar en serio, y sobre todo, cuando se nombra en las diferentes instituciones del estado a auténticos gerentes con capacidad de mando, y no a los amigos compañeros docentes del claustro universitario.

Escuché también al señor Presidente, lamentarse y solidarizarse con los miles de pacientes que llenan las listas de espera en citas a especialista, cirugías electivas y en procedimientos diagnósticos de diversa índole.

Enfatizó que iba a entrarle de lleno a esa temática, pero no le observé una determinación clara en proponer acciones concretas tendientes a disminuir esa plétora de pacientes.

Tampoco le percibí una determinación en llamar a cuentas a la Presidencia Ejecutiva de la Caja ni a su equipo gerencial.

En nuestro partido Movimiento Libertario hemos sostenido desde hace más de tres campañas electorales, que solo con la concurrencia de otros actores en el sector salud, entiéndase, cooperativas, asociaciones, fundaciones, o sociedades anónimas, que oferten sus servicios a la seguridad social, será posible paliar la enorme cantidad de pacientes en listas de espera. Debemos entender que la CAJA no es una institución DE CARIDAD, ES UNA ASEGURADORA OBLIGATORIA DE SALUD, MONOPÓLICA Y ESTATAL, Y COMO TAL ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE DAR ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A SUS COTIZANTES.

De tal forma, que si debe comprar servicios a proveedores externos para atender con rapidez a sus clientes, debe realizarlo sin temores  y con determinación. El éxito de la gestión externa de los EBAIS de Montes de Oca y Curridabat,  y la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud en esos cantones, así lo reflejan.

Señor Presidente, si el estado no funciona bien en algunas de sus áreas de competencia, no tenga temor en involucrar al sector privado. Los esfuerzos de lo público de la mano de lo privado, han generado, repito, exitosas experiencias en otras naciones. El imitar modelos de gestión exitosos ya probados, es una alternativa gerencial que no debemos despreciar. Las barreras ideológicas no deben estar nunca por encima del bien común.

Al final de su discurso, el Presidente enumeró una serie de proyectos de ley que desde su óptica, deben ser aprobados con celeridad, pero no veo en dicha lista ninguno para facilitar le generación de empleo; tampoco para generar competitividad reduciendo el precio de la electricidad, y menos para poner límite a gastos presupuestarios voluminosos e improductivos. La contención de los mismos no se ve por ningún lado.

La misma Contraloría General de la República ha dicho ya que aún subiendo o aplicando nuevos impuestos, no se va a reducir el déficit fiscal sino se da un drástico recorte en los gastos programados para este año 2015.

Sr. Presidente, los actos gubernamentales se juzgan por las obras y por las decisiones valientes. La ciudadanía ha sido benévola en la apreciación hacia su persona, y usted todavía tiene margen de acción para no dilapidar más su capital político.

Debe aprovechar el puente de plata que varias fracciones legislativas le están dando con el nuevo Directorio Legislativo, y liberarse de secuestros ideológicos que en nada lo han beneficiado. 

Especialidades médicas y cómo reducir las listas de espera

El tema de los prolongados tiempos de espera que los asegurados de la Caja del Seguro Social debemos soportar, para una cita con especialista, citas por cirugía y procedimientos diagnósticos, continúa siendo una situación compleja sin visos de solución.

Ni en anteriores administraciones ni en la presente, hemos visto la disposición de buscarle una solución permanente a este crónico y penoso dilema de salud pública. Tampoco, de parte de los cotizantes al sistema, se aprecia un interés por generar presión para una atención médica oportuna.

Pareciera que el conformismo hacia un modelo de atención deficiente, en franco deterioro, y poco resolutivo, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para los costarricenses, y ya no nos preocupa que nos programen citas a uno, dos o tres años. Hemos asimilado con estoicismo, tolerancia, y paciencia ilimitada, la falla inevitable de un sistema de salud en total declive.

El aspecto medular en el déficit de especialistas en áreas críticas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, oftalmología, anestesiología, entre otras, se sustenta en el modelo de estudios de post grado existente, que mediante un convenio entre la Caja y la Universidad de Costa Rica, solo permite a ese centro educativo, la formación y supervisión de los nuevos especialistas en las instalaciones hospitalarias de la seguridad social. Este problema se une a la poca capacidad que tiene la Caja de abrir más plazas, ante la falta de recursos económicos para hacerlo.

La idea que apoyamos es que también aquellas universidades cuya carrera medicina esté acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, (SINAES), puedan participar, en conjunto con la UCR. Varias universidades no estatales, que imparten la carrera de medicina con acreditación de calidad, han intentado en vano, desde el año 2007, iniciar programas de formación de especialistas con campos clínicos en los hospitales de la Caja.

Por ello, los libertarios hemos presentado el Proyecto de Ley 19.499. Con esta iniciativa de ley, hacemos un llamado a la Junta Directiva de la Caja, para que vuelva a someter a discusión el tema, y se autorice con prontitud la apertura en nuevas especialidades médicas que sean deficitarias en la actualidad, para ser llenadas por medio de las universidades cuya carrera de medicina se encuentre acreditada ante el SINAES. Si existe un deseo real de actuar en la reducción de las listas de espera por parte de la Institución, ésta debe colaborar en apoyar nuestra propuesta, la cual en dos artículos busca aumentar el número y la pluralidad de las especialidades médicas:

ARTÍCULO 1.-     Autorícese a la Caja Costarricense de Seguro Social, a realizar las acciones necesarias, a fin de establecer convenios con aquellas universidades cuya carrera de medicina se encuentre acreditada ante el Sistema Nacional de la Educación Superior (SINAES), para que puedan capacitar y graduar profesionales en las diversas especialidades médicas.

ARTÍCULO 2.- Los estudiantes de las diversas especialidades, dependerán académicamente de las respectivas universidades que brinden dichas especialidades. Los estudiantes no tendrán relación alguna con la Caja, ni percibirán gratificación económica de la institución.

Solicito a los compañeros y compañeras diputadas, tanto en la respectiva comisión a la que se asignará, como en el plenario, el apoyo entusiasta para convertir este proyecto, en una ley, con la celeridad que el proceso legislativo nos lo permita.

Postergar decisiones en materia eléctrica le cuesta al país miles millones de colones

Una de las razones de mayor peso que ha provocado la salida de inversión en el país, y con ello el crecimiento del desempleo, ha sido el altísimo costo de la electricidad.

Lo sensato y procedente es que el Gobierno busque formas económicas y eficientes de producir electricidad; sin embargo, no ha sido diligente en sus decisiones, lo cual se traduce en gran perjuicio para el aparato productivo del país. 

 

Costa Rica cuenta con una riqueza envidiable de fuentes de generación renovable de energía, pero resulta irónico cómo países con fuentes mucho más limitadas, han sacado mayor provecho que nosotros, ya que sus Gobiernos incentivan el uso de estas fuentes. La falta de planificación y decisión política, está a la orden del día. Con suma preocupación, reitero que 1000 empleos estarían en riesgo por la falta de decisión del Poder Ejecutivo con respecto al plan piloto de generación distribuida con paneles solares del ICE y los atrasos en la implementación de la norma POASEN de ARESEP.

Lo atractivo de este plan piloto de generación distribuida era que permitía a los generadores de energía renovables de pequeña escala (por ejemplo: biomasa, eólico, solar, mini hidroeléctrica y algunas otras renovables de pequeña escala) intercambiar energía con la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional. Existen tres modalidades de generación distribuida: en la primera, el generador instala sus paneles solares y utiliza la energía producida únicamente para su autoconsumo. En la segunda modalidad, se produce energía para autoconsumo y el exceso, se coloca en la red. En este segundo caso, se puede acordar, en el contrato, que de colocarse un excedente de energía en la red, no se recibirá retribución económica, lo que se conoce como balance neto. Finalmente, en la tercera modalidad, conocida como pago de excedente, existe la posibilidad de acordar, en el contrato, una retribución económica vía tarifa, a cambio de que esa energía sea colocada en la red. En todos los casos, si el generador requiere energía adicional la toma de la red, y la paga a la tarifa establecida por la ARESEP.

Días atrás un medio de comunicación señaló que Alejandro Brenes, gerente general de Enertiva, se mostró sorprendido por la decisión del Instituto, ya que los proyectos de generación distribuida apenas cubren el 0,3% de la matriz energética del país, y el Plan Piloto solo regía únicamente en la zona de distribución del ICE, que representa poco menos del 40% de los abonados totales.

Afirma Brenes, que si se le permite al sector llegar al 1% del total de la matriz energética nacional, se podrían generar miles de nuevos empleos, lo cual para mí resulta una magnífica noticia.

Este medio de comunicación también mencionó que Heriberto González, gerente de Electromecánica Solar, señaló, que cientos de hogares y empresas que han implementado estos sistemas han ahorrado de manera significativa.

El problema se genera porque este plan piloto, que promovió el ICE desde el año 2010, alcanzó la potencia máxima establecida (10MegaWatts) con la participación de 366 pequeños productores conectados a la red. Ahora su futuro depende de: a) la implementación del reglamento AR-NT-POASEN (Reglamento de Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional) de la ARESEP en donde se establecen los requisitos técnicos a cumplir; b) la fijación de las tarifas de interconexión, acceso y compra de excedentes; y c) de las condiciones para otorgar futuros permisos/concesiones a cargo del MINAE, única opción para poder intercambiar excedentes al Sistema Eléctrico Nacional.

Mientras esperamos la implementación de POASEN por parte de ARESEP, y que ya lleva casi un año de atraso, las tarifas y la definición de las condiciones para otorgar los permisos/concesiones, los nuevos proyectos a pequeña escala no pueden conectarse a la red ni intercambiar excedentes; por lo que la Generación distribuida en el corto plazo está estancada. Es importante aclarar que las características de la nueva operación no serían las mismas del plan piloto ya que la ARESEP pretende fijar tarifas de interconexión y de acceso al Sistema Eléctrico Nacional. Un caso que preocupa, es el cobro que se hará al generador por utilizar la energía que produzca con sus paneles solares, ¿esto significa acaso que el Estado cobrará por “utilizar el sol”? Parece que así será. Todo apunta a que dichas tarifas podrían ser excesivamente altas y podría desincentivar la inversión de pequeños productores en generación eléctrica con paneles solares. Esto contradice toda lógica de producir de manera más limpia y de alcanzar la meta de carbono neutralidad para el 2021.

Es necesario que el Ejecutivo promueva este tipo de energías limpias y baratas, y pronto tome decisiones. Si ustedes, señores del Poder Ejecutivo, consideran, al igual que el Presidente Ejecutivo del ICE que no hay crisis eléctrica, yo les reitero a ustedes que sí la hay, y ha sido decretado un 9% de aumento en el precio de la misma a partir del mes de marzo. Continúa el riesgo de mayores pérdidas de empleo y de inversión extranjera. Cada decisión tardía en esta temática, le cuesta al país miles de millones de colones. 

El Estado costarricense no debe estrujarnos con más impuestos

Desde hace muchos años existe una seria preocupación en relación a la supuesta necesidad de mayores impuestos, como un paliativo al déficit fiscal. Dentro de esta preocupación, la cual sin lugar a dudas es válida, se encuentra toda la temática alrededor del cobro de dichos tributos.

Costa Rica carece de un cobro eficiente de impuestos, siendo las causas de tal situación, desde los artificios con ilegalidades hasta las conocidas injusticias.


Gobierno tras gobierno, ha sido reiterativa la escasez crónica de recursos en las arcas del Estado, ocasionando muchos discursos e iniciativas que proclaman la imposición de nuevos impuestos. Ejemplos fallidos fueron los proyectos de ley número 15.516, 16.326 y 17.959.

Siendo clara con las intenciones que generan los hechos, no puedo pensar que un error corrija otro error. Con inteligencia, actitud, constancia y sin especulaciones, se deben desarrollar las soluciones que eliminen los errores, las inutilidades y las inoperancias.


Los impuestos actuales son obligatorios, están debidamente sancionados y por consiguiente, es menester que impere todo el esfuerzo del Ministerio de Hacienda para hacerlos una realidad.

Hoy como en el pasado, nuevamente se nos habla de iniciativas que acarrean modificaciones tributarias, o bien imposiciones nuevas, pero, ¿ha sido esta una política que disminuya la pobreza o acelere el desarrollo del país? La respuesta es evidente.

El Estado costarricense (y su gobierno de turno) no tiene ningún derecho a estrujar más a los costarricenses. Se ha convertido en un pésimo administrador y no puede trasladar al pueblo la incompetencia de su gestión.


La administración no está ejerciendo correctamente sus funciones, las realiza mal; no planifica, acomete mal las tareas, no logra sus propósitos, se esmera en castigar y no en servir, cuida mal los bienes públicos, no satisface adecuadamente sus responsabilidades, tiene una pésima política en materia de salarios, se ha enfermado de clientelismo y “electorerismo”, no cumple con las normas que regulan su actuar, ejemplo de ello es la inobservancia del artículo 176 de la Constitución Política en lo relativo a presupuestos equilibrados.


En materia de gasto, el Estado también es un desastre; no gasta lo que tiene que gastar, (los presupuestos de algunas dependencias y entidades no llegan a ejecutarse adecuadamente), y en algunas áreas compromete más de lo que tiene. Algunos casos son de antología como el puente de la platina.



El pasado mes de diciembre la Contraloría General de la República efectuó una auditoría de carácter especial sobre el comportamiento y la efectividad de la recaudación del Impuesto sobre las Ventas, para el período 2008 a 2014, con el propósito de proponer medidas de mejoramiento que se estimen pertinentes.


Es importante recordar que el Impuesto General sobre las Ventas constituye en la actualidad el principal ingreso tributario del Presupuesto Nacional.


Se concluyó en dicho informe que el rendimiento o efectividad del Impuesto General sobre las Ventas, mostró un descenso significativo en el período 2008-2014. Mientras en el año 2008, el Impuesto General sobre las Ventas representaba un 39% del total de la recaudación tributaria, esto es, un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2014 dicho tributo alcanza solo un 36% del recaudo, un 4,7% del PIB.


El grueso de la recaudación tributaria tiene 2 componentes:

1. Aduanas, el cual se cobra directamente en el momento de la importación de bienes

2. Interno, mismo que se recauda en la comercialización de los bienes y servicios dentro del país


En cuanto a la recaudación aduanera, como porcentaje del PIB, alcanza un 2.3% del PIB en el 2014 frente a 3.1% del PIB en el 2008. Por otra parte, en relación a la recaudación interna, en el año 2008 dicha gestión representaba un 2.8% del PIB contra 2,4% del PIB en 2014.

Se esbozan como causas de la disminución, la recomposición de las actividades económicas del país, y la reducción general de importaciones, entre otros factores que también están asociados a la gestión tributaria.


Añade el Ente Contralor, que producto del citado informe surge la necesidad de aplicar cuatro acciones a seguir, a las cuales me referiré en otra oportunidad.

Hay ausencia de ética en el manejo de los asuntos del Estado

Quiero iniciar esta tarde con una expresiva y jocosa frase del expresidente Luis Alberto Monge: “En política le inventan a uno cada verdad…”.

Una vez más, la tormenta política vuele a salpicar al Poder Ejecutivo y al gobierno del Partido Acción Ciudadana.

Una actuación improcedente, imprudente y carente de toda conducta ética, protagonizada por miembros del Ejecutivo, nos tiene sumidos en una parálisis legislativa y de gobernabilidad.
Al mejor estilo de la política tradicional, de ofrecimientos tendenciosos y deshonestos, el gobierno del PAC nos estrena el año 2015 con un insensato entremés, plagado de una torpeza e impericia ilimitadas.

Sabemos que el mensajero de tan trivial proposición a la procuradora Brenes, no pudo haber actuado solo. Un viceministro no tiene las potestades ni las competencias para un canje de plazas de tan alto nivel, mucho menos pertenecientes a otro ministerio que no es el suyo.

Muy pronto sabremos en detalle los pormenores de este torpe sainete del poder ejecutivo.
La intolerancia de que ha hecho gala el Ministerio de la Presidencia, es decir, la Casa de Cristal Polarizado, al querer negociar la salida de una funcionaria supuestamente incómoda, no tiene parangón en la historia política reciente.

En dos o tres días vamos a confirmar, lo que ya presumimos ocurrió, pero que a pesar de que los futuros comparecientes tal vez no aporten mayor cosa, sí ha quedado en evidencia dos hechos graves: la impericia y ausencia de ética con que se están manejando los asuntos de Estado en esta Administración Solís Rivera, y la poca tolerancia de la Presidencia de la República, para admitir pronunciamientos legales que confronten sus acciones y posiciones.

Al ser éste, un debate reglado, con pocas opciones para extenderme en mis apreciaciones, quiero concluir con una frase del exdiputado Albertazzi Avendaño hace más de 60 años, a raíz de unas investigaciones muy similares a las que estamos presenciando, pero que deseo no se cumplan en esta ocasión, “Ese gallo ya no canto….algo tiene en la garganta”.

El Gobierno está optando por socavar su capital político

El  Semanario Universidad del miércoles 10 de diciembre, dio un seria campanada al Partido Acción Ciudadana y al Gobierno de Luis Guillermo Solís.

La encuesta del CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR; nos dice que se desdibujan las esperanzas del cambio y se apaga la alegría, tras 7 meses de la Administración actual.

Entre julio y noviembre, las opiniones positivas acerca de la gestión del Gobierno cayeron de 39,2% a 30,8% y los criterios desfavorables pasaron de 19,8% a 34,5%.

Hay desconfianza en el rumbo del país. En tal sentido, quienes tenían una percepción positiva del rumbo, disminuyeron del 33,1% al 27,7% y las personas que creen que el país va mal o muy mal, aumentaron del 37,6% al 45,5%.

En resumen, las opiniones desfavorables acerca del desempeño del Gobierno se duplicaron tras el ascenso del PAC y de Luis Guillermo Solís al poder.

Los hallazgos de este último estudio de opinión elaborado por el CIEP de la UCR, son claros en advertir un fuerte cambio en la tendencia de las opiniones. Pareciera que la euforia de los “selfies” en las redes sociales, y de las posturas simbólicas sobre temas controversiales, se le agotan como promotores de la actividad  Presidencial.

El alto costo de la vida, la poca acción y la parsimonia de sus acciones le pasan la factura al Presidente.

La ciudadanía quiere más acciones concretas y menos discursos retóricos y planes de desarrollo.

El pueblo está deseoso de ver decisiones en materia de política energética, de obras de infraestructura trascendentales, de cambios positivos en el modelo de atención en salud, de reformas educativas orientadas al aprendizaje de idiomas y de desarrollo tecnológico.

Todos los costarricenses aspiramos a un mejor estilo de vida.

El gobierno no quiere actuar tampoco en resolver las serias investigaciones del diario La Nación sobre el precio que pagamos por nuestros combustibles, en donde se ha descubierto un escandaloso concubinato entre la Aresep, sus jerarcas y la Refinadora que no refina, para mantener subsidios ocultos y altos impuestos a todos los carburantes y salarios de funcionarios que consumen la mitad del gasto institucional, situación que nos ha llevado a tener los precios más altos en Centroamérica, y una peligrosa y creciente facturación eléctrica.

Creo que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tendrá que intervenir pronto, para esclarecer aún más la realidad de lo que sucede a lo interno de esas oscuras confabulaciones en la fijación de  tarifas en hidrocarburos.

El levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, emitido por el anterior gobierno, tampoco es la solución, por más compromisos políticos existentes. Reconozco que esta ley es un importante avance en cuanto a la celeridad de los procesos laborales, pero no puede convertirse en un caballo de Troya, permitiendo las huelgas en servicios esenciales como salud y seguridad. El control del Directorio Legislativo no justifica poner en riesgo la estabilidad laboral y el clima de inversiones en el país.

La votación de la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto para una discusión tranquila, desapasionada, analizada  en frío  y consensuada de esa reforma y sus nuevas adecuaciones, era lo procedente. La moción de ampliación del plazo ya estaba presentada y no era necesario optar por acciones precipitadas como la que se tomó.

El Presidente Solís se está quedando solo a 7 meses de su gestión, día con día dilapida el capital político que lo sentó en Zapote; y pierde aliados políticos necesarios para lo que se avecina en esta Asamblea Legislativa.

Estos gravamenes generarían mayor desempleo en las zonas rurales

Continúan los trámites burocráticos, los gravámenes a la producción, y el ataque sistemático del estado en contra de todo aquel que pretende generar empleo y riqueza en el país.

Ahora son los Concejos Municipales de algunos cantones como Cartago, Coronado , Goicoechea,  entre otros, quienes pretenden tasar las actividades agropecuarias mediante proyectos de ley o mediante acuerdos locales, consecuencia de la voracidad fiscal que caracteriza a nuestro país. Otro ejemplo es el del Concejo Municipal de Tilarán. Son licencias municipales para pagar impuestos en industria, comercio y servicios.

Es por ello que, deseo hacer eco esta tarde, de la oposición formal que la Cámara Nacional de Agricultura y Agro Industria, dirigido a los Diputados que les corresponda dictaminar, en relación con el Proyecto de Ley N° 18.321,

“Reforma a la Ley de impuestos municipales de Cartago, Ley 7248”, que pretende gravar aún más, las actividades agropecuarias en dicho cantón. Este proyecto fue enviado primeramente a la Comisión de Asuntos Municipales y luego, el 17 de noviembre de este año, a la Comisión Especial de Cartago.

Los argumentos esbozados en la nota del 20 de octubre del

presente año los sintetizo a continuación:

         i.   El Sector Agropecuario ha presentado una importante pérdida de competitividad, debido al aumento en los precios de los servicios regulados por el Gobierno (combustibles, salarios y electricidad), es por ello que al tasar las actividades agropecuarias, acuícolas y agroindustriales, tanto del cantón Central de Cartago como cualquier otro cantón del país, con un impuesto por patentes municipales, pondrá en riesgo la producción agropecuaria nacional.

 

        ii.   El método de cálculo del impuesto de patentes resulta desproporcionado, discriminatorio y atenta  contra los parámetros de legitimidad fijados por las normas y principios constitucionales.

 

      iii.   El impuesto es o será confiscatorio para cientos de productores que hay en el cantón, ya que el monto de la tasa se determina sobre un porcentaje de la base de las ventas o ingresos brutos, más otro porcentaje de la renta líquida gravable del sujeto pasivo, es decir, existen dos fórmulas distintas e incluyentes para establecer el monto a pagar por concepto del impuesto de patentes.

 

     iv.   La aplicación de tales fórmulas provoca que paguen más impuestos los productores que tienen pérdidas -y, por ende, con una menor capacidad contributiva o económica- que los que tienen ganancias, por lo que se considera discriminatorio, irrazonable y violatorio del principio de capacidad económica o contributiva.

 

       v.   Muchos productores del Cantón han sufrido incrementos desmedidos en el pago del impuesto de bienes inmuebles por la aplicación de la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas del Ministerio de Hacienda, previos a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9071 “Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley de Bienes Inmuebles y sus Reformas para Terrenos de Uso Agropecuario”, ley que intenta proteger a los productores, para diferenciar los valores de los terrenos de uso agropecuario.

 

Hago una especial excitativa a mis compañeros y compañeras dictaminadores, para que analicen de manera objetiva estos argumentos, y valoren muy bien su posición a la hora de dictaminar dicho proyecto de ley. Les comento que ya está disponible el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, con observaciones importantes para ser consideradas. Ya el sector productivo nacional no soporta más gravámenes, y en esta época en especial, donde los costos de la electricidad y las cargas sociales son tan onerosos, debemos ser muy cautos en no generar un mayor desempleo en zonas rurales y semi-urbanas.

Sobre Plan Nacional de Desarrollo

Las  acciones gubernamentales deben tener un aquí, un ya y un cómo.

Y en lo propuesto en la carta de intenciones del pasado lunes, solo observamos metas y objetivos a 2 y a 3 años plazo.

Necesitamos acciones inmediatas para atender el estado de “indigencia” en que se encuentran casi 345 mil compatriotas.

Me hubiera gustado ver cuáles son las acciones concretas para reducir el alto costo de la energía, pues a pesar de que el petróleo se ha desplomado de 100 a 75 dólares el barril, en 3 meses, no observamos un descenso trascendente en el precio de los combustibles y por ende, de la  factura eléctrica. Lo más grave fue escuchar, en la Comisión de asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales el día de hoy, al señor Carlos Obregón, Presidente Ejecutivo del ICE decir que en Costa Rica no hay crisis energética, afirmación que fue respaldada por el Ministro de la Presidencia; y que por lo tanto, el proyecto de contingencia eléctrica no es necesario y no será convocado para sesiones extraordinarias.

También hubiese sido de mi agrado escuchar el avance del decreto de emergencia emitido el 8 de mayo, relacionado con la intervención inmediata de los 13 puentes y alcantarillas. 6 meses de espera y sin avances tangibles.

En materia de una verdadera reforma educativa, pilar imprescindible para combatir la pobreza, no se dijo absolutamente nada. He sostenido de manera reiterada, que nuestro país necesita reorientar la educación secundaria y superior hacia el área de las tecnologías, la informática, la educación financiera, y el conocimiento de nuevos idiomas. Pero nada se planteó en tal sentido. Hoy en la República se indica que el nivel de inglés del país es tan bajo que actualmente se ubica entre las últimas posiciones de Latinoamérica.

Se hizo énfasis en que se van a finalizar las obras de infraestructura con algún grado de avance que vienen de anteriores administraciones. Eso es algo lógico y poco novedoso. Sin embargo, no se habló de nuevos aeropuertos internacionales ni en la Zona Norte, ni en la Zona Sur, áreas de mayor depresión económica y rezago social; ni de tomar los millones de dólares subutilizados de los fondos de pensiones complementarias para ese tipo de proyectos, mediante fideicomisos de titulación de obra, cuyo uso ya fue autorizado por el CONASSIF.

Tampoco de megaproyectos de generación de energías limpias a través de esta sana figura de financiamiento con capital nacional ocioso.

No escuchamos acciones inmediatas para flexibilización  de jornadas laborales, que permitirían contratación de más personal, reducción del desempleo y aumento de la eficiencia en las empresas.

La ciudadanía ya está cansada de planes, promesas y nobles intenciones.

El tema de los deteriorados servicios de salud pública en la seguridad social brilló por su ausencia. Parece que no existe interés en una agilización con calidad en la atención sanitaria. El ineficiente sistema del modelo actual en la prestación de estos servicios continúa intocable; intuyo que continuará así para los años venideros.

La primera ley de la burocracia es proteger a la burocracia, como lo afirmó con sapiencia el expresidente Reagan, y entonces vemos cómo gremios y feudos del sector público, salen inmunizados después de haber boicoteado la importación y también la exportación de la producción nacional, durante 14 días.

Cada 4 años un nuevo plan nacional de desarrollo, y cada vez menos y menos desarrollo. Esa es la historia.

El país no requiere planes cuatrienales repetitivos, sino verdaderas políticas de estado en los temas apremiantes que he mencionado.

Se dice que un gobierno se dibuja en sus primeros 12 meses de gestión. Sr. Presidente y señores del gobierno…..los próximos 6 meses deben ser fructíferos en acciones evidentes, o el desencanto y la inacción que estamos observando, puede llenar de una mayor frustración a un pueblo incauto y confiado como el nuestro, que refrenda cada 4 años su reiterada candidez electoral.

 

Sobre especialidades médicas

El tema de los prolongados tiempos de espera que los asegurados de la Caja del Seguro Social debemos soportar, para una cita con especialista, continúa siendo una situación compleja sin visos de solución.

Ni en anteriores administraciones ni en la presente, hemos visto la disposición de buscarle una solución permanente a este crónico y penoso dilema de salud pública.

Tampoco, de parte de los cotizantes al sistema, se aprecia un interés por generar presión para una atención médica oportuna.

Pareciera que el conformismo hacia un modelo de atención deficiente, en franco deterioro, y poco resolutivo, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para los costarricenses, y ya no nos preocupa que nos programen citas a uno, dos o tres años. Hemos asimilado con estoicismo, tolerancia, y paciencia ilimitada, la falla inevitable de un sistema de salud en franco deterioro.

El Movimiento Libertario planteó, en campaña, alternativas diversas para paliar la situación. No puedo referirme en este corto lapso a detallarlas, pero sí quiero comentar e insistir esta tarde en una de ellas.

EL aspecto medular en el déficit de especialistas en áreas críticas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, oftalmología, entre otras, se sustenta en el modelo de estudios de post grado existente, que mediante un convenio entre la Caja y la Universidad de Costa Rica, solo permite a ese centro educativo  la formación y supervisión de los nuevos especialistas en las instalaciones hospitalarias de la seguridad social.

La idea que apoyamos es que también las universidades privadas acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, (Sinaes), puedan participar, en conjunto con la UCR.

Varias universidades no estatales, que imparten la carrera de medicina con acreditación de calidad, han intentado en vano, desde el año 2007, iniciar programas de formación de especialistas con campos clínicos en los hospitales de la Caja.

La mayoría de los que se están formando en este momento en la Caja, son graduados de las universidades privadas. De los especialistas graduados en 2013, 81 habían obtenido su título de médico en universidades privadas y 64 de la UCR.

Según datos institucionales se estima que 1.011 especialistas se van a jubilar en los próximos cinco años. En este sentido, un incremento en el déficit de profesionales generaría un aumento de las listas de espera.

Sabemos que desde hace tres años existe una acción de inconstitucionalidad presentada por un supuesto trato diferenciado, no obstante, hasta la fecha no se ha dado una resolución.

En caso de que la Sala Constitucional diera la razón a los recurrentes, cualquiera de las universidades del país que ofrecen medicina, y por ende, el país, se beneficiarían del visto bueno de los magistrados.

Esta diputada considera que no es necesario esperar un fallo del alto tribunal, para implementar una medida que solo beneficios traería a nuestro sistema de salud, pues es evidente la necesidad de nuevos especialistas en áreas críticas para mejorar la oportunidad de la atención.

Desde esta curul, hago un llamado a la Junta Directiva de la Caja, para que vuelva a someter a discusión el tema, y se autorice con prontitud la apertura en nuevas especialidades médicas que son deficitarias en la actualidad, para ser llenadas por medio de las universidades no estatales acreditadas.

Si existe un deseo real de actuar en la reducción de las listas de espera por parte de la Institución, el tema que he tratado de poner a discusión de nuevo, es una medida sencilla y de implementación inmediata.

Las altas autoridades de la Caja tienen la palabra.

 

 

El aumento de la pobreza es lamentable

La semana pasada nos deparó una desagradable noticia. Ochenta mil nuevos compatriotas han pasado a engrosar el gran contingente de costarricenses en condición de pobreza, con un mayor énfasis en las zonas costeras.

El 22.7% de nuestra población, esto es, más de un millón doscientos mil ticos viven en precarias condiciones, y no les alcanza el dinero para suplir sus necesidades básicas en vivienda, salud, acceso a la educación, electricidad y otros servicios, y tampoco les alcanza el dinero para adquirir una canasta de alimentos elemental para su subsistencia y nutrición.

El año 2014 será recordado por ser el año en que, el índice de pobreza, después de 6 años de no descender ni subir, se ha disparado en casi 2 puntos porcentuales.

Amarga noticia para todos, pero más amarga todavía para aquellos políticos que creen en el asistencialismo social permanente del estado, como la mejor opción para el desarrollo.

Más de 650 mil millones de colones al año, invertidos en en diversos,  frustrantes  y dispersos programas de acción social, no han deparado los resultados esperados en el combate contra este flagelo social.

Esto significa en parte, que la población objetivo a quien se dirige la ayuda no es la correcta, y a que los recursos asignados se consumen en programas vagos, sin evaluaciones ni controles adecuados.

Y es que, quienes han dirigido y dirigen las políticas para reducirla, no han querido comprender que la mejor política social es la creación de un clima de inversiones apropiado.

La única opción para ir reduciendo estos índices, es una política agresiva de generación de empleo, sustentada por un lado, en  una educación orientada a la capacitación en nuevas tecnologías,  al aprendizaje de nuevos idiomas, y al estímulo al intelecto creativo de nuestros alumnos, y por otro, a la reducción de tramitomanía, de regulaciones legales y ambientales de ideologías tasnochadas, que han fortalecido a grupos de poder que, al amparo de los monopolios y granjerías estatales, han dañado el clima para la creación de nuevos empleos,  y han golpeado la atracción de nuevas inversiones para la generación de los mismos.

No logro entender como un gobierno socialista en el vecino país del norte, se dispone a iniciar un megaproyecto, para construir un ambicioso canal interoceánico, y en nuestro país, un grupo de seudo-ambientalistas, trata de frenar un proyecto de mil millones de dólares para la zona atlántica, mediante recursos dilatorios ante una SETENA,  igualmente complaciente e ineficiente para resolver con prontitud estas acciones.

No es con ayudas y migajas estatales como el pueblo de Costa Rica puede salir adelante. Estas pueden paliar las necesidades temporales, pero año con año, veremos con tristeza como más compatriotas aumentan el contingente de pobres, si no damos un viraje en el modelo vigente.

También hemos perdido 5 puestos en el ranking del BANCO MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE FACILIDAD PARA REALIZAR NEGOCIOS, BAJANDO DEL LUGAR 78 al 83,  DE 180 países analizados. A nivel latinoamericano el país es noveno en esta medición, y nos superan países como Colombia, México y Chile, entre otros.

No hay política que produzca más desempleo y recesión que el aumento y la creación de nuevos tributos, sin embargo, la receta que nos anuncia el actual gobierno, son nuevos impuestos a  discutirse en este parlamento a partir del mes de diciembre próximo.

Preparémonos entonces queridos costarricenses, para un año 2015 con poca generación de nuevas fuentes de trabajo, y con el aumento de los índices de pobreza, si el gobierno mantiene su obcecada actitud en materia de política económica y fiscal.

Aquí en el legislativo daremos las luchas que se deban dar, pero el pueblo también debe hacer sentir su voz en todos los foros, para que, con razones y argumentos válidos, logremos convencer al poder ejecutivo, de un cambio de rumbo necesario para crear el clima de inversión que el país requiere con urgencia.

''Se puede desarrollar obras de infraestructura sin endeudamiento externo''

Es un hecho comprobado que nuestro país tiene los recursos económicos propios para desarrollar obras de infraestructura sin endeudamiento externo.

De sobra se ha debatido, por ejemplo, sobre el uso que pueden darse a los excedentes enormes del Instituto Nacional de Seguros, de los Bancos del Estado y de los fondos abundantes de las diferentes operadoras de pensiones complementarias, generadas a partir de la ley de Protección al Trabajador.

Estas últimas, según el corte a setiembre pasado, administraban en conjunto, ¢3,6 billones de los trabajadores, que equivalen al 13,3% de la producción del país. Y hablo, entre otras, de Vida Plena, BN Vital, Popular Pensiones, la Caja del Seguro, y BAC San José que son las mayores inversoras.

De dicho monto, solo ¢28.450 millones; es decir, 0,78% del total, está invertido en fideicomisos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), utilizados para construir plantas de generación de energía.

Nos alegra de la noticia de que el CONASSIF - Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero- órgano de apoyo a las superintendencias en la regulación y supervisión de entidades que operan en el sistema financiero del país, derogó el pasado 22 de setiembre, el tope máximo que tenían las OPC (operadoras), para invertir en emisiones de valores destinadas a obras. El cambio está pendiente de publicarse en La Gaceta.

Esta medida permitirá subir de un 0.78% actual  a un 10%, la autorización para invertir en fideicomisos de titulación de obra pública. Dispondremos entonces de $850 millones de dólares para financiar todo tipo de carreteras, puertos o aeropuertos que sean rentables para todos nosotros, que somos  los  propietarios de esos fondos.

Actualmente la mayoría de esas inversiones están en títulos del Ministerio de Hacienda, es decir, son utilizadas por el estado para sostener el abultado déficit fiscal en pago de salarios, pensiones, transferencias y otros disparadores del gasto de sobra conocidos.

El riesgo de invertir solo en títulos de Hacienda es evidente, pues aunque se estila declarar que el estado nunca quiebra, la experiencia nos dice que, en países como el caso de Grecia y otros, esta premisa en la práctica no ha sido tan veraz como la presentan. 

Los ahorros de todos los costarricenses podrán ahora ser utilizados en el desarrollo mismo del país. Proyectos de este tipo han sido exitosos en otros países, como el caso de Chile, donde se han construido enormes autopistas y represas con los fondos de pensiones, que generan grandes ganancias a través de los peajes y generación eléctrica, las cuales pasan a engrosar las cuentas individuales de retiro de cada uno de los ahorrantes, trayendo consigo más y mejores montos de pensiones para la vejez.

Estamos sentados sobre una botija de oro, y nos sentimos un país pobre. Así son las ironías de la vida en Costa Rica. Las amarras legales y los condicionamientos para invertir nuestros propios dineros, parecieran querer soltarse en nuestro país.

Falta ahora, soltar también el nudo de la cogeneración eléctrica, para permitir que este tipo de fideicomisos de titulación en inversión, lleguen a generar producción de energías limpias como proyectos geotérmicos, eólicos, y también  a partir de biomasa.

Queda confirmado que dinero sobra, lo que ha faltado es voluntad para permitir la inversión en todos estos tipos de obra mediante fideicomisos de titulación.

La noticia reconforta; y si aparece mayor necesidad de dinero, el CONASSIF ha reiterado que puede autorizar un mayor porcentaje de inversión en esos fondos.

A pesar de que sindicatos antipatriotas pretenden detener el avance del país, emergen aires de positivismo para darnos un aliento de esperanza en el horizonte del desarrollo nacional.