Costa Rica carece de un cobro eficiente de impuestos, siendo las causas de tal situación, desde los artificios con ilegalidades hasta las conocidas injusticias.
Gobierno tras gobierno, ha sido reiterativa la escasez crónica de recursos en las arcas del Estado, ocasionando muchos discursos e iniciativas que proclaman la imposición de nuevos impuestos. Ejemplos fallidos fueron los proyectos de ley número 15.516, 16.326 y 17.959.
Siendo clara con las intenciones que generan los hechos, no puedo pensar que un error corrija otro error. Con inteligencia, actitud, constancia y sin especulaciones, se deben desarrollar las soluciones que eliminen los errores, las inutilidades y las inoperancias.
Los impuestos actuales son obligatorios, están debidamente sancionados y por consiguiente, es menester que impere todo el esfuerzo del Ministerio de Hacienda para hacerlos una realidad.
Hoy como en el pasado, nuevamente se nos habla de iniciativas que acarrean modificaciones tributarias, o bien imposiciones nuevas, pero, ¿ha sido esta una política que disminuya la pobreza o acelere el desarrollo del país? La respuesta es evidente.
El Estado costarricense (y su gobierno de turno) no tiene ningún derecho a estrujar más a los costarricenses. Se ha convertido en un pésimo administrador y no puede trasladar al pueblo la incompetencia de su gestión.
La administración no está ejerciendo correctamente sus funciones, las realiza mal; no planifica, acomete mal las tareas, no logra sus propósitos, se esmera en castigar y no en servir, cuida mal los bienes públicos, no satisface adecuadamente sus responsabilidades, tiene una pésima política en materia de salarios, se ha enfermado de clientelismo y “electorerismo”, no cumple con las normas que regulan su actuar, ejemplo de ello es la inobservancia del artículo 176 de la Constitución Política en lo relativo a presupuestos equilibrados.
En materia de gasto, el Estado también es un desastre; no gasta lo que tiene que gastar, (los presupuestos de algunas dependencias y entidades no llegan a ejecutarse adecuadamente), y en algunas áreas compromete más de lo que tiene. Algunos casos son de antología como el puente de la platina.
El pasado mes de diciembre la Contraloría General de la República efectuó una auditoría de carácter especial sobre el comportamiento y la efectividad de la recaudación del Impuesto sobre las Ventas, para el período 2008 a 2014, con el propósito de proponer medidas de mejoramiento que se estimen pertinentes.
Es importante recordar que el Impuesto General sobre las Ventas constituye en la actualidad el principal ingreso tributario del Presupuesto Nacional.
Se concluyó en dicho informe que el rendimiento o efectividad del Impuesto General sobre las Ventas, mostró un descenso significativo en el período 2008-2014. Mientras en el año 2008, el Impuesto General sobre las Ventas representaba un 39% del total de la recaudación tributaria, esto es, un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2014 dicho tributo alcanza solo un 36% del recaudo, un 4,7% del PIB.
El grueso de la recaudación tributaria tiene 2 componentes:
1. Aduanas, el cual se cobra directamente en el momento de la importación de bienes
2. Interno, mismo que se recauda en la comercialización de los bienes y servicios dentro del país
En cuanto a la recaudación aduanera, como porcentaje del PIB, alcanza un 2.3% del PIB en el 2014 frente a 3.1% del PIB en el 2008. Por otra parte, en relación a la recaudación interna, en el año 2008 dicha gestión representaba un 2.8% del PIB contra 2,4% del PIB en 2014.
Se esbozan como causas de la disminución, la recomposición de las actividades económicas del país, y la reducción general de importaciones, entre otros factores que también están asociados a la gestión tributaria.
Añade el Ente Contralor, que producto del citado informe surge la necesidad de aplicar cuatro acciones a seguir, a las cuales me referiré en otra oportunidad.
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