Estos gravamenes generarían mayor desempleo en las zonas rurales

Continúan los trámites burocráticos, los gravámenes a la producción, y el ataque sistemático del estado en contra de todo aquel que pretende generar empleo y riqueza en el país.

Ahora son los Concejos Municipales de algunos cantones como Cartago, Coronado , Goicoechea,  entre otros, quienes pretenden tasar las actividades agropecuarias mediante proyectos de ley o mediante acuerdos locales, consecuencia de la voracidad fiscal que caracteriza a nuestro país. Otro ejemplo es el del Concejo Municipal de Tilarán. Son licencias municipales para pagar impuestos en industria, comercio y servicios.

Es por ello que, deseo hacer eco esta tarde, de la oposición formal que la Cámara Nacional de Agricultura y Agro Industria, dirigido a los Diputados que les corresponda dictaminar, en relación con el Proyecto de Ley N° 18.321,

“Reforma a la Ley de impuestos municipales de Cartago, Ley 7248”, que pretende gravar aún más, las actividades agropecuarias en dicho cantón. Este proyecto fue enviado primeramente a la Comisión de Asuntos Municipales y luego, el 17 de noviembre de este año, a la Comisión Especial de Cartago.

Los argumentos esbozados en la nota del 20 de octubre del

presente año los sintetizo a continuación:

         i.   El Sector Agropecuario ha presentado una importante pérdida de competitividad, debido al aumento en los precios de los servicios regulados por el Gobierno (combustibles, salarios y electricidad), es por ello que al tasar las actividades agropecuarias, acuícolas y agroindustriales, tanto del cantón Central de Cartago como cualquier otro cantón del país, con un impuesto por patentes municipales, pondrá en riesgo la producción agropecuaria nacional.

 

        ii.   El método de cálculo del impuesto de patentes resulta desproporcionado, discriminatorio y atenta  contra los parámetros de legitimidad fijados por las normas y principios constitucionales.

 

      iii.   El impuesto es o será confiscatorio para cientos de productores que hay en el cantón, ya que el monto de la tasa se determina sobre un porcentaje de la base de las ventas o ingresos brutos, más otro porcentaje de la renta líquida gravable del sujeto pasivo, es decir, existen dos fórmulas distintas e incluyentes para establecer el monto a pagar por concepto del impuesto de patentes.

 

     iv.   La aplicación de tales fórmulas provoca que paguen más impuestos los productores que tienen pérdidas -y, por ende, con una menor capacidad contributiva o económica- que los que tienen ganancias, por lo que se considera discriminatorio, irrazonable y violatorio del principio de capacidad económica o contributiva.

 

       v.   Muchos productores del Cantón han sufrido incrementos desmedidos en el pago del impuesto de bienes inmuebles por la aplicación de la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas del Ministerio de Hacienda, previos a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9071 “Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley de Bienes Inmuebles y sus Reformas para Terrenos de Uso Agropecuario”, ley que intenta proteger a los productores, para diferenciar los valores de los terrenos de uso agropecuario.

 

Hago una especial excitativa a mis compañeros y compañeras dictaminadores, para que analicen de manera objetiva estos argumentos, y valoren muy bien su posición a la hora de dictaminar dicho proyecto de ley. Les comento que ya está disponible el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, con observaciones importantes para ser consideradas. Ya el sector productivo nacional no soporta más gravámenes, y en esta época en especial, donde los costos de la electricidad y las cargas sociales son tan onerosos, debemos ser muy cautos en no generar un mayor desempleo en zonas rurales y semi-urbanas.

Sobre Plan Nacional de Desarrollo

Las  acciones gubernamentales deben tener un aquí, un ya y un cómo.

Y en lo propuesto en la carta de intenciones del pasado lunes, solo observamos metas y objetivos a 2 y a 3 años plazo.

Necesitamos acciones inmediatas para atender el estado de “indigencia” en que se encuentran casi 345 mil compatriotas.

Me hubiera gustado ver cuáles son las acciones concretas para reducir el alto costo de la energía, pues a pesar de que el petróleo se ha desplomado de 100 a 75 dólares el barril, en 3 meses, no observamos un descenso trascendente en el precio de los combustibles y por ende, de la  factura eléctrica. Lo más grave fue escuchar, en la Comisión de asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales el día de hoy, al señor Carlos Obregón, Presidente Ejecutivo del ICE decir que en Costa Rica no hay crisis energética, afirmación que fue respaldada por el Ministro de la Presidencia; y que por lo tanto, el proyecto de contingencia eléctrica no es necesario y no será convocado para sesiones extraordinarias.

También hubiese sido de mi agrado escuchar el avance del decreto de emergencia emitido el 8 de mayo, relacionado con la intervención inmediata de los 13 puentes y alcantarillas. 6 meses de espera y sin avances tangibles.

En materia de una verdadera reforma educativa, pilar imprescindible para combatir la pobreza, no se dijo absolutamente nada. He sostenido de manera reiterada, que nuestro país necesita reorientar la educación secundaria y superior hacia el área de las tecnologías, la informática, la educación financiera, y el conocimiento de nuevos idiomas. Pero nada se planteó en tal sentido. Hoy en la República se indica que el nivel de inglés del país es tan bajo que actualmente se ubica entre las últimas posiciones de Latinoamérica.

Se hizo énfasis en que se van a finalizar las obras de infraestructura con algún grado de avance que vienen de anteriores administraciones. Eso es algo lógico y poco novedoso. Sin embargo, no se habló de nuevos aeropuertos internacionales ni en la Zona Norte, ni en la Zona Sur, áreas de mayor depresión económica y rezago social; ni de tomar los millones de dólares subutilizados de los fondos de pensiones complementarias para ese tipo de proyectos, mediante fideicomisos de titulación de obra, cuyo uso ya fue autorizado por el CONASSIF.

Tampoco de megaproyectos de generación de energías limpias a través de esta sana figura de financiamiento con capital nacional ocioso.

No escuchamos acciones inmediatas para flexibilización  de jornadas laborales, que permitirían contratación de más personal, reducción del desempleo y aumento de la eficiencia en las empresas.

La ciudadanía ya está cansada de planes, promesas y nobles intenciones.

El tema de los deteriorados servicios de salud pública en la seguridad social brilló por su ausencia. Parece que no existe interés en una agilización con calidad en la atención sanitaria. El ineficiente sistema del modelo actual en la prestación de estos servicios continúa intocable; intuyo que continuará así para los años venideros.

La primera ley de la burocracia es proteger a la burocracia, como lo afirmó con sapiencia el expresidente Reagan, y entonces vemos cómo gremios y feudos del sector público, salen inmunizados después de haber boicoteado la importación y también la exportación de la producción nacional, durante 14 días.

Cada 4 años un nuevo plan nacional de desarrollo, y cada vez menos y menos desarrollo. Esa es la historia.

El país no requiere planes cuatrienales repetitivos, sino verdaderas políticas de estado en los temas apremiantes que he mencionado.

Se dice que un gobierno se dibuja en sus primeros 12 meses de gestión. Sr. Presidente y señores del gobierno…..los próximos 6 meses deben ser fructíferos en acciones evidentes, o el desencanto y la inacción que estamos observando, puede llenar de una mayor frustración a un pueblo incauto y confiado como el nuestro, que refrenda cada 4 años su reiterada candidez electoral.

 

Sobre especialidades médicas

El tema de los prolongados tiempos de espera que los asegurados de la Caja del Seguro Social debemos soportar, para una cita con especialista, continúa siendo una situación compleja sin visos de solución.

Ni en anteriores administraciones ni en la presente, hemos visto la disposición de buscarle una solución permanente a este crónico y penoso dilema de salud pública.

Tampoco, de parte de los cotizantes al sistema, se aprecia un interés por generar presión para una atención médica oportuna.

Pareciera que el conformismo hacia un modelo de atención deficiente, en franco deterioro, y poco resolutivo, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para los costarricenses, y ya no nos preocupa que nos programen citas a uno, dos o tres años. Hemos asimilado con estoicismo, tolerancia, y paciencia ilimitada, la falla inevitable de un sistema de salud en franco deterioro.

El Movimiento Libertario planteó, en campaña, alternativas diversas para paliar la situación. No puedo referirme en este corto lapso a detallarlas, pero sí quiero comentar e insistir esta tarde en una de ellas.

EL aspecto medular en el déficit de especialistas en áreas críticas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, oftalmología, entre otras, se sustenta en el modelo de estudios de post grado existente, que mediante un convenio entre la Caja y la Universidad de Costa Rica, solo permite a ese centro educativo  la formación y supervisión de los nuevos especialistas en las instalaciones hospitalarias de la seguridad social.

La idea que apoyamos es que también las universidades privadas acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, (Sinaes), puedan participar, en conjunto con la UCR.

Varias universidades no estatales, que imparten la carrera de medicina con acreditación de calidad, han intentado en vano, desde el año 2007, iniciar programas de formación de especialistas con campos clínicos en los hospitales de la Caja.

La mayoría de los que se están formando en este momento en la Caja, son graduados de las universidades privadas. De los especialistas graduados en 2013, 81 habían obtenido su título de médico en universidades privadas y 64 de la UCR.

Según datos institucionales se estima que 1.011 especialistas se van a jubilar en los próximos cinco años. En este sentido, un incremento en el déficit de profesionales generaría un aumento de las listas de espera.

Sabemos que desde hace tres años existe una acción de inconstitucionalidad presentada por un supuesto trato diferenciado, no obstante, hasta la fecha no se ha dado una resolución.

En caso de que la Sala Constitucional diera la razón a los recurrentes, cualquiera de las universidades del país que ofrecen medicina, y por ende, el país, se beneficiarían del visto bueno de los magistrados.

Esta diputada considera que no es necesario esperar un fallo del alto tribunal, para implementar una medida que solo beneficios traería a nuestro sistema de salud, pues es evidente la necesidad de nuevos especialistas en áreas críticas para mejorar la oportunidad de la atención.

Desde esta curul, hago un llamado a la Junta Directiva de la Caja, para que vuelva a someter a discusión el tema, y se autorice con prontitud la apertura en nuevas especialidades médicas que son deficitarias en la actualidad, para ser llenadas por medio de las universidades no estatales acreditadas.

Si existe un deseo real de actuar en la reducción de las listas de espera por parte de la Institución, el tema que he tratado de poner a discusión de nuevo, es una medida sencilla y de implementación inmediata.

Las altas autoridades de la Caja tienen la palabra.

 

 

El aumento de la pobreza es lamentable

La semana pasada nos deparó una desagradable noticia. Ochenta mil nuevos compatriotas han pasado a engrosar el gran contingente de costarricenses en condición de pobreza, con un mayor énfasis en las zonas costeras.

El 22.7% de nuestra población, esto es, más de un millón doscientos mil ticos viven en precarias condiciones, y no les alcanza el dinero para suplir sus necesidades básicas en vivienda, salud, acceso a la educación, electricidad y otros servicios, y tampoco les alcanza el dinero para adquirir una canasta de alimentos elemental para su subsistencia y nutrición.

El año 2014 será recordado por ser el año en que, el índice de pobreza, después de 6 años de no descender ni subir, se ha disparado en casi 2 puntos porcentuales.

Amarga noticia para todos, pero más amarga todavía para aquellos políticos que creen en el asistencialismo social permanente del estado, como la mejor opción para el desarrollo.

Más de 650 mil millones de colones al año, invertidos en en diversos,  frustrantes  y dispersos programas de acción social, no han deparado los resultados esperados en el combate contra este flagelo social.

Esto significa en parte, que la población objetivo a quien se dirige la ayuda no es la correcta, y a que los recursos asignados se consumen en programas vagos, sin evaluaciones ni controles adecuados.

Y es que, quienes han dirigido y dirigen las políticas para reducirla, no han querido comprender que la mejor política social es la creación de un clima de inversiones apropiado.

La única opción para ir reduciendo estos índices, es una política agresiva de generación de empleo, sustentada por un lado, en  una educación orientada a la capacitación en nuevas tecnologías,  al aprendizaje de nuevos idiomas, y al estímulo al intelecto creativo de nuestros alumnos, y por otro, a la reducción de tramitomanía, de regulaciones legales y ambientales de ideologías tasnochadas, que han fortalecido a grupos de poder que, al amparo de los monopolios y granjerías estatales, han dañado el clima para la creación de nuevos empleos,  y han golpeado la atracción de nuevas inversiones para la generación de los mismos.

No logro entender como un gobierno socialista en el vecino país del norte, se dispone a iniciar un megaproyecto, para construir un ambicioso canal interoceánico, y en nuestro país, un grupo de seudo-ambientalistas, trata de frenar un proyecto de mil millones de dólares para la zona atlántica, mediante recursos dilatorios ante una SETENA,  igualmente complaciente e ineficiente para resolver con prontitud estas acciones.

No es con ayudas y migajas estatales como el pueblo de Costa Rica puede salir adelante. Estas pueden paliar las necesidades temporales, pero año con año, veremos con tristeza como más compatriotas aumentan el contingente de pobres, si no damos un viraje en el modelo vigente.

También hemos perdido 5 puestos en el ranking del BANCO MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE FACILIDAD PARA REALIZAR NEGOCIOS, BAJANDO DEL LUGAR 78 al 83,  DE 180 países analizados. A nivel latinoamericano el país es noveno en esta medición, y nos superan países como Colombia, México y Chile, entre otros.

No hay política que produzca más desempleo y recesión que el aumento y la creación de nuevos tributos, sin embargo, la receta que nos anuncia el actual gobierno, son nuevos impuestos a  discutirse en este parlamento a partir del mes de diciembre próximo.

Preparémonos entonces queridos costarricenses, para un año 2015 con poca generación de nuevas fuentes de trabajo, y con el aumento de los índices de pobreza, si el gobierno mantiene su obcecada actitud en materia de política económica y fiscal.

Aquí en el legislativo daremos las luchas que se deban dar, pero el pueblo también debe hacer sentir su voz en todos los foros, para que, con razones y argumentos válidos, logremos convencer al poder ejecutivo, de un cambio de rumbo necesario para crear el clima de inversión que el país requiere con urgencia.