Respuesta al discurso del 1 de mayo del Presidente Solís

Tengo que empezar diciendo que, el discurso presidencial se orientó más hacia un informe del estado de cosas actuales, tanto en su presentación macroeconómica como en la presentación del marco teórico del futuro combate de la pobreza.

Nada novedoso en políticas de generación de empleo, ni en acciones de reducción de tarifas eléctricas para mejorar competitividad. Tampoco nada de acciones urgentes en materia de desregulación y reducción de trámites ni requisitos para iniciar o consolidar inversión nacional o extranjera.

Conceptos básicos de economía nos dicen que para duplicar el ingreso anual per cápita de una nación, es necesario crecer al menos en un 6% anual del PIB durante 20 años, cifra muy lejana del conformista 3,5 % de crecimiento actual en nuestro país.

La reducción de la pobreza ha sido misión imposible,  y en los últimos 16 años ha rondado el 21%; más de 1 millón de costarricenses viven sin poder llenar sus necesidades básicas vitales de alimentación, educación, vivienda, salud, vestido, trabajo digno y remunerado. El estado costarricense seguirá gastando más de 700 mil millones de colones al año en diversos y muy dispersos programas  asistenciales, porque no ha querido entender que con dádivas mensuales o diarias a través de la caridad de las instituciones, jamás podrá reducir estos índices de pobreza.

El programa “Puente al Desarrollo”, citado por el Sr. Presidente, que tiene como meta impactar la pobreza extrema, mediante la identificación y atención coordinada, directa y con seguimiento permanente, de 54.600 familias ubicadas en 75 distritos prioritarios, puede ser bien intencionado, pero sigue siendo un programa de corte asistencialista de mediano plazo. Pienso que sería más efectivo un abordaje en conjunto con empresarios, para generar fuentes de trabajo in situ en los 75 distritos, mediante incentivos directos para aquellas empresas que desean matricularse,  en clara concordancia con las condiciones geopolíticas, culturales y educativas de cada uno de esos distritos.

Ejemplo de ello es observar como en zonas de la Gran Chacarita, en Barranca, y en Paquera de Puntarenas, entre otras, se pudren los mangos maduros en el suelo de los patios de las casas en tiempos de cosecha, sea porque empresarios dedicados al procesamiento de cítricos no encuentran incentivos municipales ni a nivel central para abrir emprendimientos, o sea porque el estado ha sido incapaz de orientar y apoyar la organización de las madres pobres y jefas de hogar que ahí abundan, y convertirlas en copropietarias de pequeñas empresas procesadoras artesanales de este tipo de cítricos.

Siento que las convicciones ideológicas de quienes hoy nos gobiernan, y también de algunos de sus socios políticos, no les permite pensar que las alianzas público-privadas han sido el mejor modelo de desarrollo para sacar naciones de la pobreza. En países desarrollados como Japón, Estados Unidos, Suecia o Noruega, están muy claros que la quiebra de “empresas insignia” como la Toyota, la Chrysler, la General Motors o la Volvo, serían catástrofes financieras y laborales de repercusiones inimaginables, y por ello no tienen reparo en darse la mano en momentos de crisis. Lo público y lo privado deben ser aliados y no adversarios como a veces se da en nuestro país.

Otro ejemplo doloroso que he observado en visitas recientes a algunos cantones, es el suministro de agua potable. Nos contaba el Presidente Municipal de Cañas, don Néstor Delgado, que ese municipio no da permisos de construcción de viviendas de bien social, ni de hoteles o estructuras mayores, desde hace muchos años, como tampoco permisos de apertura de negocios tan sencillos como una simple soda, y la causa de ello es que NO HAY AGUA. Vean las ironías que ahí se dan; resulta que a 6 kilómetros de Cañas pasa el Río Corobicí, caudaloso y potente con abundantes corrientes de agua aptas hasta para el rafting, por sus fuertes rápidos, grado tres.

¿Cómo es posible que el cantón de Cañas tenga paralizado su desarrollo económico, existiendo abundancia de recurso hídrico a tan solo 5 kilómetros?

Me pregunto, ¿qué hace el Ministerio de Salud, rector de Acueductos y Alcantarillados, y qué está haciendo Acueductos entonces? Y ¿qué hace la Presidencia de la República encargada de supervisar tanto al Ministerio como a la Institución Autónoma encargada de suministrar agua a la ciudadanía?

¿Acaso está prohibido que Acueductos y la empresa privada se den la mano en proyectos de suministro y distribución del preciado líquido?

Hace escasas semanas decía nuestro Jefe de Fracción en este plenario, que era increíble ver como en Ojo de Agua de San Rafael de Alajuela, brota el líquido a borbollones de forma permanente, y en todo el norte de Heredia, a escasos 15 kilómetros, ya no puede autorizarse más proyectos de vivienda con la excusa de que no hay agua. ¿Cómo es posible que Acueductos y Alcantarillados no pueda construir solo, o en alianzas, un enorme tanque de captación en las alturas del norte de Heredia, bombear el líquido desde Ojo de Agua hacia dicho tanque, y luego distribuir por gravedad el agua hacia los diversos cantones de las partes baja de Heredia?

Nada de esto es imposible cuando se tiene deseos de hacer algo, cuando de verdad se quiere trabajar en serio, y sobre todo, cuando se nombra en las diferentes instituciones del estado a auténticos gerentes con capacidad de mando, y no a los amigos compañeros docentes del claustro universitario.

Escuché también al señor Presidente, lamentarse y solidarizarse con los miles de pacientes que llenan las listas de espera en citas a especialista, cirugías electivas y en procedimientos diagnósticos de diversa índole.

Enfatizó que iba a entrarle de lleno a esa temática, pero no le observé una determinación clara en proponer acciones concretas tendientes a disminuir esa plétora de pacientes.

Tampoco le percibí una determinación en llamar a cuentas a la Presidencia Ejecutiva de la Caja ni a su equipo gerencial.

En nuestro partido Movimiento Libertario hemos sostenido desde hace más de tres campañas electorales, que solo con la concurrencia de otros actores en el sector salud, entiéndase, cooperativas, asociaciones, fundaciones, o sociedades anónimas, que oferten sus servicios a la seguridad social, será posible paliar la enorme cantidad de pacientes en listas de espera. Debemos entender que la CAJA no es una institución DE CARIDAD, ES UNA ASEGURADORA OBLIGATORIA DE SALUD, MONOPÓLICA Y ESTATAL, Y COMO TAL ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE DAR ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A SUS COTIZANTES.

De tal forma, que si debe comprar servicios a proveedores externos para atender con rapidez a sus clientes, debe realizarlo sin temores  y con determinación. El éxito de la gestión externa de los EBAIS de Montes de Oca y Curridabat,  y la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud en esos cantones, así lo reflejan.

Señor Presidente, si el estado no funciona bien en algunas de sus áreas de competencia, no tenga temor en involucrar al sector privado. Los esfuerzos de lo público de la mano de lo privado, han generado, repito, exitosas experiencias en otras naciones. El imitar modelos de gestión exitosos ya probados, es una alternativa gerencial que no debemos despreciar. Las barreras ideológicas no deben estar nunca por encima del bien común.

Al final de su discurso, el Presidente enumeró una serie de proyectos de ley que desde su óptica, deben ser aprobados con celeridad, pero no veo en dicha lista ninguno para facilitar le generación de empleo; tampoco para generar competitividad reduciendo el precio de la electricidad, y menos para poner límite a gastos presupuestarios voluminosos e improductivos. La contención de los mismos no se ve por ningún lado.

La misma Contraloría General de la República ha dicho ya que aún subiendo o aplicando nuevos impuestos, no se va a reducir el déficit fiscal sino se da un drástico recorte en los gastos programados para este año 2015.

Sr. Presidente, los actos gubernamentales se juzgan por las obras y por las decisiones valientes. La ciudadanía ha sido benévola en la apreciación hacia su persona, y usted todavía tiene margen de acción para no dilapidar más su capital político.

Debe aprovechar el puente de plata que varias fracciones legislativas le están dando con el nuevo Directorio Legislativo, y liberarse de secuestros ideológicos que en nada lo han beneficiado. 

Especialidades médicas y cómo reducir las listas de espera

El tema de los prolongados tiempos de espera que los asegurados de la Caja del Seguro Social debemos soportar, para una cita con especialista, citas por cirugía y procedimientos diagnósticos, continúa siendo una situación compleja sin visos de solución.

Ni en anteriores administraciones ni en la presente, hemos visto la disposición de buscarle una solución permanente a este crónico y penoso dilema de salud pública. Tampoco, de parte de los cotizantes al sistema, se aprecia un interés por generar presión para una atención médica oportuna.

Pareciera que el conformismo hacia un modelo de atención deficiente, en franco deterioro, y poco resolutivo, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para los costarricenses, y ya no nos preocupa que nos programen citas a uno, dos o tres años. Hemos asimilado con estoicismo, tolerancia, y paciencia ilimitada, la falla inevitable de un sistema de salud en total declive.

El aspecto medular en el déficit de especialistas en áreas críticas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, oftalmología, anestesiología, entre otras, se sustenta en el modelo de estudios de post grado existente, que mediante un convenio entre la Caja y la Universidad de Costa Rica, solo permite a ese centro educativo, la formación y supervisión de los nuevos especialistas en las instalaciones hospitalarias de la seguridad social. Este problema se une a la poca capacidad que tiene la Caja de abrir más plazas, ante la falta de recursos económicos para hacerlo.

La idea que apoyamos es que también aquellas universidades cuya carrera medicina esté acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, (SINAES), puedan participar, en conjunto con la UCR. Varias universidades no estatales, que imparten la carrera de medicina con acreditación de calidad, han intentado en vano, desde el año 2007, iniciar programas de formación de especialistas con campos clínicos en los hospitales de la Caja.

Por ello, los libertarios hemos presentado el Proyecto de Ley 19.499. Con esta iniciativa de ley, hacemos un llamado a la Junta Directiva de la Caja, para que vuelva a someter a discusión el tema, y se autorice con prontitud la apertura en nuevas especialidades médicas que sean deficitarias en la actualidad, para ser llenadas por medio de las universidades cuya carrera de medicina se encuentre acreditada ante el SINAES. Si existe un deseo real de actuar en la reducción de las listas de espera por parte de la Institución, ésta debe colaborar en apoyar nuestra propuesta, la cual en dos artículos busca aumentar el número y la pluralidad de las especialidades médicas:

ARTÍCULO 1.-     Autorícese a la Caja Costarricense de Seguro Social, a realizar las acciones necesarias, a fin de establecer convenios con aquellas universidades cuya carrera de medicina se encuentre acreditada ante el Sistema Nacional de la Educación Superior (SINAES), para que puedan capacitar y graduar profesionales en las diversas especialidades médicas.

ARTÍCULO 2.- Los estudiantes de las diversas especialidades, dependerán académicamente de las respectivas universidades que brinden dichas especialidades. Los estudiantes no tendrán relación alguna con la Caja, ni percibirán gratificación económica de la institución.

Solicito a los compañeros y compañeras diputadas, tanto en la respectiva comisión a la que se asignará, como en el plenario, el apoyo entusiasta para convertir este proyecto, en una ley, con la celeridad que el proceso legislativo nos lo permita.

Postergar decisiones en materia eléctrica le cuesta al país miles millones de colones

Una de las razones de mayor peso que ha provocado la salida de inversión en el país, y con ello el crecimiento del desempleo, ha sido el altísimo costo de la electricidad.

Lo sensato y procedente es que el Gobierno busque formas económicas y eficientes de producir electricidad; sin embargo, no ha sido diligente en sus decisiones, lo cual se traduce en gran perjuicio para el aparato productivo del país. 

 

Costa Rica cuenta con una riqueza envidiable de fuentes de generación renovable de energía, pero resulta irónico cómo países con fuentes mucho más limitadas, han sacado mayor provecho que nosotros, ya que sus Gobiernos incentivan el uso de estas fuentes. La falta de planificación y decisión política, está a la orden del día. Con suma preocupación, reitero que 1000 empleos estarían en riesgo por la falta de decisión del Poder Ejecutivo con respecto al plan piloto de generación distribuida con paneles solares del ICE y los atrasos en la implementación de la norma POASEN de ARESEP.

Lo atractivo de este plan piloto de generación distribuida era que permitía a los generadores de energía renovables de pequeña escala (por ejemplo: biomasa, eólico, solar, mini hidroeléctrica y algunas otras renovables de pequeña escala) intercambiar energía con la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional. Existen tres modalidades de generación distribuida: en la primera, el generador instala sus paneles solares y utiliza la energía producida únicamente para su autoconsumo. En la segunda modalidad, se produce energía para autoconsumo y el exceso, se coloca en la red. En este segundo caso, se puede acordar, en el contrato, que de colocarse un excedente de energía en la red, no se recibirá retribución económica, lo que se conoce como balance neto. Finalmente, en la tercera modalidad, conocida como pago de excedente, existe la posibilidad de acordar, en el contrato, una retribución económica vía tarifa, a cambio de que esa energía sea colocada en la red. En todos los casos, si el generador requiere energía adicional la toma de la red, y la paga a la tarifa establecida por la ARESEP.

Días atrás un medio de comunicación señaló que Alejandro Brenes, gerente general de Enertiva, se mostró sorprendido por la decisión del Instituto, ya que los proyectos de generación distribuida apenas cubren el 0,3% de la matriz energética del país, y el Plan Piloto solo regía únicamente en la zona de distribución del ICE, que representa poco menos del 40% de los abonados totales.

Afirma Brenes, que si se le permite al sector llegar al 1% del total de la matriz energética nacional, se podrían generar miles de nuevos empleos, lo cual para mí resulta una magnífica noticia.

Este medio de comunicación también mencionó que Heriberto González, gerente de Electromecánica Solar, señaló, que cientos de hogares y empresas que han implementado estos sistemas han ahorrado de manera significativa.

El problema se genera porque este plan piloto, que promovió el ICE desde el año 2010, alcanzó la potencia máxima establecida (10MegaWatts) con la participación de 366 pequeños productores conectados a la red. Ahora su futuro depende de: a) la implementación del reglamento AR-NT-POASEN (Reglamento de Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional) de la ARESEP en donde se establecen los requisitos técnicos a cumplir; b) la fijación de las tarifas de interconexión, acceso y compra de excedentes; y c) de las condiciones para otorgar futuros permisos/concesiones a cargo del MINAE, única opción para poder intercambiar excedentes al Sistema Eléctrico Nacional.

Mientras esperamos la implementación de POASEN por parte de ARESEP, y que ya lleva casi un año de atraso, las tarifas y la definición de las condiciones para otorgar los permisos/concesiones, los nuevos proyectos a pequeña escala no pueden conectarse a la red ni intercambiar excedentes; por lo que la Generación distribuida en el corto plazo está estancada. Es importante aclarar que las características de la nueva operación no serían las mismas del plan piloto ya que la ARESEP pretende fijar tarifas de interconexión y de acceso al Sistema Eléctrico Nacional. Un caso que preocupa, es el cobro que se hará al generador por utilizar la energía que produzca con sus paneles solares, ¿esto significa acaso que el Estado cobrará por “utilizar el sol”? Parece que así será. Todo apunta a que dichas tarifas podrían ser excesivamente altas y podría desincentivar la inversión de pequeños productores en generación eléctrica con paneles solares. Esto contradice toda lógica de producir de manera más limpia y de alcanzar la meta de carbono neutralidad para el 2021.

Es necesario que el Ejecutivo promueva este tipo de energías limpias y baratas, y pronto tome decisiones. Si ustedes, señores del Poder Ejecutivo, consideran, al igual que el Presidente Ejecutivo del ICE que no hay crisis eléctrica, yo les reitero a ustedes que sí la hay, y ha sido decretado un 9% de aumento en el precio de la misma a partir del mes de marzo. Continúa el riesgo de mayores pérdidas de empleo y de inversión extranjera. Cada decisión tardía en esta temática, le cuesta al país miles de millones de colones. 

El Estado costarricense no debe estrujarnos con más impuestos

Desde hace muchos años existe una seria preocupación en relación a la supuesta necesidad de mayores impuestos, como un paliativo al déficit fiscal. Dentro de esta preocupación, la cual sin lugar a dudas es válida, se encuentra toda la temática alrededor del cobro de dichos tributos.

Costa Rica carece de un cobro eficiente de impuestos, siendo las causas de tal situación, desde los artificios con ilegalidades hasta las conocidas injusticias.


Gobierno tras gobierno, ha sido reiterativa la escasez crónica de recursos en las arcas del Estado, ocasionando muchos discursos e iniciativas que proclaman la imposición de nuevos impuestos. Ejemplos fallidos fueron los proyectos de ley número 15.516, 16.326 y 17.959.

Siendo clara con las intenciones que generan los hechos, no puedo pensar que un error corrija otro error. Con inteligencia, actitud, constancia y sin especulaciones, se deben desarrollar las soluciones que eliminen los errores, las inutilidades y las inoperancias.


Los impuestos actuales son obligatorios, están debidamente sancionados y por consiguiente, es menester que impere todo el esfuerzo del Ministerio de Hacienda para hacerlos una realidad.

Hoy como en el pasado, nuevamente se nos habla de iniciativas que acarrean modificaciones tributarias, o bien imposiciones nuevas, pero, ¿ha sido esta una política que disminuya la pobreza o acelere el desarrollo del país? La respuesta es evidente.

El Estado costarricense (y su gobierno de turno) no tiene ningún derecho a estrujar más a los costarricenses. Se ha convertido en un pésimo administrador y no puede trasladar al pueblo la incompetencia de su gestión.


La administración no está ejerciendo correctamente sus funciones, las realiza mal; no planifica, acomete mal las tareas, no logra sus propósitos, se esmera en castigar y no en servir, cuida mal los bienes públicos, no satisface adecuadamente sus responsabilidades, tiene una pésima política en materia de salarios, se ha enfermado de clientelismo y “electorerismo”, no cumple con las normas que regulan su actuar, ejemplo de ello es la inobservancia del artículo 176 de la Constitución Política en lo relativo a presupuestos equilibrados.


En materia de gasto, el Estado también es un desastre; no gasta lo que tiene que gastar, (los presupuestos de algunas dependencias y entidades no llegan a ejecutarse adecuadamente), y en algunas áreas compromete más de lo que tiene. Algunos casos son de antología como el puente de la platina.



El pasado mes de diciembre la Contraloría General de la República efectuó una auditoría de carácter especial sobre el comportamiento y la efectividad de la recaudación del Impuesto sobre las Ventas, para el período 2008 a 2014, con el propósito de proponer medidas de mejoramiento que se estimen pertinentes.


Es importante recordar que el Impuesto General sobre las Ventas constituye en la actualidad el principal ingreso tributario del Presupuesto Nacional.


Se concluyó en dicho informe que el rendimiento o efectividad del Impuesto General sobre las Ventas, mostró un descenso significativo en el período 2008-2014. Mientras en el año 2008, el Impuesto General sobre las Ventas representaba un 39% del total de la recaudación tributaria, esto es, un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2014 dicho tributo alcanza solo un 36% del recaudo, un 4,7% del PIB.


El grueso de la recaudación tributaria tiene 2 componentes:

1. Aduanas, el cual se cobra directamente en el momento de la importación de bienes

2. Interno, mismo que se recauda en la comercialización de los bienes y servicios dentro del país


En cuanto a la recaudación aduanera, como porcentaje del PIB, alcanza un 2.3% del PIB en el 2014 frente a 3.1% del PIB en el 2008. Por otra parte, en relación a la recaudación interna, en el año 2008 dicha gestión representaba un 2.8% del PIB contra 2,4% del PIB en 2014.

Se esbozan como causas de la disminución, la recomposición de las actividades económicas del país, y la reducción general de importaciones, entre otros factores que también están asociados a la gestión tributaria.


Añade el Ente Contralor, que producto del citado informe surge la necesidad de aplicar cuatro acciones a seguir, a las cuales me referiré en otra oportunidad.

Hay ausencia de ética en el manejo de los asuntos del Estado

Quiero iniciar esta tarde con una expresiva y jocosa frase del expresidente Luis Alberto Monge: “En política le inventan a uno cada verdad…”.

Una vez más, la tormenta política vuele a salpicar al Poder Ejecutivo y al gobierno del Partido Acción Ciudadana.

Una actuación improcedente, imprudente y carente de toda conducta ética, protagonizada por miembros del Ejecutivo, nos tiene sumidos en una parálisis legislativa y de gobernabilidad.
Al mejor estilo de la política tradicional, de ofrecimientos tendenciosos y deshonestos, el gobierno del PAC nos estrena el año 2015 con un insensato entremés, plagado de una torpeza e impericia ilimitadas.

Sabemos que el mensajero de tan trivial proposición a la procuradora Brenes, no pudo haber actuado solo. Un viceministro no tiene las potestades ni las competencias para un canje de plazas de tan alto nivel, mucho menos pertenecientes a otro ministerio que no es el suyo.

Muy pronto sabremos en detalle los pormenores de este torpe sainete del poder ejecutivo.
La intolerancia de que ha hecho gala el Ministerio de la Presidencia, es decir, la Casa de Cristal Polarizado, al querer negociar la salida de una funcionaria supuestamente incómoda, no tiene parangón en la historia política reciente.

En dos o tres días vamos a confirmar, lo que ya presumimos ocurrió, pero que a pesar de que los futuros comparecientes tal vez no aporten mayor cosa, sí ha quedado en evidencia dos hechos graves: la impericia y ausencia de ética con que se están manejando los asuntos de Estado en esta Administración Solís Rivera, y la poca tolerancia de la Presidencia de la República, para admitir pronunciamientos legales que confronten sus acciones y posiciones.

Al ser éste, un debate reglado, con pocas opciones para extenderme en mis apreciaciones, quiero concluir con una frase del exdiputado Albertazzi Avendaño hace más de 60 años, a raíz de unas investigaciones muy similares a las que estamos presenciando, pero que deseo no se cumplan en esta ocasión, “Ese gallo ya no canto….algo tiene en la garganta”.

El Gobierno está optando por socavar su capital político

El  Semanario Universidad del miércoles 10 de diciembre, dio un seria campanada al Partido Acción Ciudadana y al Gobierno de Luis Guillermo Solís.

La encuesta del CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR; nos dice que se desdibujan las esperanzas del cambio y se apaga la alegría, tras 7 meses de la Administración actual.

Entre julio y noviembre, las opiniones positivas acerca de la gestión del Gobierno cayeron de 39,2% a 30,8% y los criterios desfavorables pasaron de 19,8% a 34,5%.

Hay desconfianza en el rumbo del país. En tal sentido, quienes tenían una percepción positiva del rumbo, disminuyeron del 33,1% al 27,7% y las personas que creen que el país va mal o muy mal, aumentaron del 37,6% al 45,5%.

En resumen, las opiniones desfavorables acerca del desempeño del Gobierno se duplicaron tras el ascenso del PAC y de Luis Guillermo Solís al poder.

Los hallazgos de este último estudio de opinión elaborado por el CIEP de la UCR, son claros en advertir un fuerte cambio en la tendencia de las opiniones. Pareciera que la euforia de los “selfies” en las redes sociales, y de las posturas simbólicas sobre temas controversiales, se le agotan como promotores de la actividad  Presidencial.

El alto costo de la vida, la poca acción y la parsimonia de sus acciones le pasan la factura al Presidente.

La ciudadanía quiere más acciones concretas y menos discursos retóricos y planes de desarrollo.

El pueblo está deseoso de ver decisiones en materia de política energética, de obras de infraestructura trascendentales, de cambios positivos en el modelo de atención en salud, de reformas educativas orientadas al aprendizaje de idiomas y de desarrollo tecnológico.

Todos los costarricenses aspiramos a un mejor estilo de vida.

El gobierno no quiere actuar tampoco en resolver las serias investigaciones del diario La Nación sobre el precio que pagamos por nuestros combustibles, en donde se ha descubierto un escandaloso concubinato entre la Aresep, sus jerarcas y la Refinadora que no refina, para mantener subsidios ocultos y altos impuestos a todos los carburantes y salarios de funcionarios que consumen la mitad del gasto institucional, situación que nos ha llevado a tener los precios más altos en Centroamérica, y una peligrosa y creciente facturación eléctrica.

Creo que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tendrá que intervenir pronto, para esclarecer aún más la realidad de lo que sucede a lo interno de esas oscuras confabulaciones en la fijación de  tarifas en hidrocarburos.

El levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, emitido por el anterior gobierno, tampoco es la solución, por más compromisos políticos existentes. Reconozco que esta ley es un importante avance en cuanto a la celeridad de los procesos laborales, pero no puede convertirse en un caballo de Troya, permitiendo las huelgas en servicios esenciales como salud y seguridad. El control del Directorio Legislativo no justifica poner en riesgo la estabilidad laboral y el clima de inversiones en el país.

La votación de la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto para una discusión tranquila, desapasionada, analizada  en frío  y consensuada de esa reforma y sus nuevas adecuaciones, era lo procedente. La moción de ampliación del plazo ya estaba presentada y no era necesario optar por acciones precipitadas como la que se tomó.

El Presidente Solís se está quedando solo a 7 meses de su gestión, día con día dilapida el capital político que lo sentó en Zapote; y pierde aliados políticos necesarios para lo que se avecina en esta Asamblea Legislativa.