''No liberalizar el precio de arroz es un atropello contra las familias pobres''

El negocio del arroz en Costa Rica está protegido de dos maneras. Por un lado, existe el control de precios tanto para el arroz granza como arroz pilado en toda la cadena, es decir, su producción, industrialización, venta al por mayor o detalle y su consumo. Por el otro, la importación de cualquier tipo de arroz está gravada con un arancel del 35% y solamente CONARROZ puede importarlo, sin pagar ese arancel, cuando se declare un faltante para atender la demanda nacional.

Ese diferencial entre el precio del arroz importado y el precio final de venta, se le traslada a esa organización para el financiamiento de sus actividades.

Recientemente, don Óscar Campos, ex presidente de CONARROZ, confesó en una entrevista ante los costarricenses que, 5 empresas se dejan la mayor porción de beneficios del altamente protegido sector arrocero. Con ello no ha hecho más que reafirmar lo que ya había señalado la Contraloría General de la República en el año 2004, cuando encontró que ese diferencial de precios se distribuyó entre apenas el 3% del total de productores del grano.

Diez años han pasado y las cosas no han cambiado. Por el contrario, han empeorado, en perjuicio de las familias, especialmente de las más pobres.

Diversas investigaciones y documentos evidencian que las personas que se ubican en el primer quintil –los de menores recursos– gastan casi la mitad de sus ingresos en comprar alimentos y solamente el arroz representa un total del 14% de sus gastos. Asimismo, muestran que esa doble protección al arroz, termina siendo un mecanismo para transferir recursos de consumidores dispersos, desorganizados y, muchas veces, con pocos recursos, a productores organizados, poderosos y con mucha influencia política que se dejan la mayor parte de las ganancias de este monopolio.

La propia Defensoría de los Habitantes ha cuestionado tan nefasta situación, cuando denunció que las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena del arroz, salen íntegramente del bolsillo de las familias, especialmente de las de más bajos recursos que son las que tienen una dieta basada en este grano básico.  

También lo ha criticado la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), al señalar que la fijación de precios del arroz constituye una manipulación por parte de los agentes involucrados, sin que las familias se vean beneficiadas.

Un estudio del Banco Mundial en el 2006 reveló que el precio del arroz en Costa Rica es entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien, por lo que en la práctica, el esquema de protección se ha traducido en una transferencia de recursos de las familias hacia la cadena del arroz en su conjunto, de nada menos que $396.4 millones de dólares, siendo la industria la más beneficiada, y no el productor― pues a este solo le correspondió un monto de  $324.7 millones de dólares.

En el año 2008, un informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) demostró que nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, especialmente de arroz.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo y el 28 de este mes, en la mencionada entrevista a Óscar Campos, quedó de manifiesto que unos pocos están ganando muchísimo dinero a costa de otros.

He señalado un gran número de informes y estudios que sustentan mis argumentos. Pero la mejor evidencia de esta situación es el sentir de las familias que van todas las semanas, quincenas o meses al supermercado a adquirir los bienes que necesitan y encuentran un elevado precio en el arroz que, como no pueden dejar de consumir, deben adquirir sacrificando muchas otras cosas. Para esa gran mayoría de familias, el precio del arroz, artificialmente fijado por el monopolio de CONARROZ, golpea sensiblemente su bolsillo.

Quiero hacer énfasis, en especial para aquellos que acusan a los libertarios de no tener sensibilidad social, que mantener el monopolio del arroz e impedir el libre comercio de todos los bienes y servicios afecta a las familias, pero en mayor medida a las de escasos recursos, como lo he venido demostrando.

Bajo este panorama, resulta impostergable la búsqueda de políticas públicas que solventen este atropello hacia la población costarricense.

Los libertarios continuaremos denunciando el abuso contra las familias y defendiendo sus bolsillos, en este tema en particular, luchando contra el monopolio del arroz y la fijación de su precio. Estamos convencidos de que, si se lograra eliminar este sobreprecio, el poder de compra de las familias costarricenses se incrementaría considerablemente, lo cual redundaría en mejores condiciones de vida para la población.