Y aunque no se dé ninguna señal por parte del mismo, el poder
legislativo sí puede enviar algunas, a través de una actitud responsable en el
manejo de las finanzas públicas.
Me reconforta saber que somos un nutrido grupo de legisladores los dispuestos a apoyar las decisiones que emanen de la
Comisión de Asuntos Hacendarios en tal dirección.
Tenemos informes que debemos reducir la proyección del alto
déficit fiscal, no solo por iniciativa propia, sino por recomendación del Fondo
Monetario Internacional, y para ello se debe alcanzar al menos un 5.7% del
Producto Interno Bruto y no el 6.7 de proyección actual del déficit. Con
recortes adecuados y sin despilfarro puede lograrse esa reducción del 1% del
PIB.
Desde hoy y hasta el 30 de noviembre, el trabajo de Hacendarios
debe contar con el respaldo de todos. Nuestra labor requiere ser solidarios con
el trabajo de nuestras compañeras y compañeros de dicha Comisión, para que
logren detectar minuciosamente hacia donde puede orientarse el necesario ahorro.
El país requiere en este momento una dosis de economía doméstica.
Cuando el presupuesto familiar no alcanza para cubrir los gastos, en nuestras
familias debemos reducir salidas y paseos innecesarios, recortar los rubros de
diversión, compra de ropa nueva, ahorro en el consumo de energía y de combustible,
y priorizar gastos en pago de deudas, en alimentación básica y en transporte
estrictamente necesario. La receta familiar es la misma para la Hacienda
Pública, pero nos cuesta comprender que al no ser dinero nuestro, podemos
disponer alegremente del mismo.
Un gobierno central gastón, tendrá entonces como contrapeso un
legislativo austero. Esa es nuestra responsabilidad.
Hay ejemplos de pequeños ahorros en diversos ministerios, que
sumados en conjunto, nos pueden dar grandes sorpresas de contención del gasto al
final.
Pero hay casos como el Ministerio de Planificación (Mideplan), por
ejemplo, que aunque reduce su presupuesto total, destina 110 millones de
colones para consultorías en “servicios de ciencias económicas y sociales”, de
acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico del 2015.
Durante el año pasado se invirtieron solo 35 millones en estos
procesos, y este gobierno presupuesta más 110 millones en dicho ministerio para
el mismo propósito. Se dice que es para evaluaciones de programas, lo cual no
es más que un eventual disfraz de contrataciones de consultorías.
El presupuesto de Mideplan asciende a 9.900 millones. Incluso, se
están invirtiendo 7 millones de colones más en publicidad que en la
administración anterior.
El Poder Judicial, deberá también aportar su cuota de sacrificio
en la búsqueda de reducir y eliminar partidas. Algunas inversiones en
infraestructura deberán posponerse uno o dos años, no solo en ese poder sino
también en los entes descentralizados.
Sería de gran beneficio que algunas instituciones descentralizadas
como los bancos del estado, y el mismo Instituto de Seguros, auxiliaran al
fisco dando un porcentaje de sus ganancias y excedentes a fin de año. No en
vano son entes para- estatales, cuyo único fin no puede ser el lucro en sí
mismo, sino que como instituciones nuestras, deben ser solidarias con los
costarricenses en épocas de vacas flacas como las actuales.
Estoy convencida que, cuando hay que raspar la olla, debe hacerse
por todo lado, y no solo pensar que somos los ciudadanos, los únicos que
saquemos la dura tarea con más cargas tributarias a nuestras espaldas.
El acto irresponsable del actual gobierno al enviar un presupuesto
sin la adecuada planificación, precipitó el anuncio este martes, de la
calificadora de riesgo Moody’s, quien rebajó la calificación de bonos del Gobierno de Costa Rica a
Ba1 desde Baa3. Con este cambio, el país pierde el grado de inversión obtenido
hace cuatro años.
