La fracción política del Movimiento Libertario colaborará con acciones que den como resultado la aprobación pronta del proyecto de ley 18093 Ley de Contingencia Eléctrica. Por todos es conocido que este órgano legislativo aprobó ubicarlo en el primer lugar de la agenda hasta su tramitación final. Sin duda, la tarea de atender el tema eléctrico es de suma importancia en la agenda nacional. Y es que la energía es un bien fundamental en cualquier sociedad, para garantizar el progreso y la competitividad de los pueblos.
Costa Rica no es la excepción, y su
desarrollo debe estar ligado a la sostenibilidad y al uso de los recursos
renovables, que son recursos que el país ha demostrado que posee y de los
cuales requiere aprovechar el máximo de sus beneficios. Como hemos visto en los
últimos años, el costo de la electricidad ha subido vertiginosamente, en buena
parte debido al muy alto costo del petróleo, combustible que la generación
eléctrica debe usar estrictamente para respaldo del sistema eléctrico.
El precio de sus derivados, tanto el
diésel como el búnker, dependen de variables que nuestro país no puede
controlar, y que están ligados a acontecimientos como los conflictos
sociopolíticos en el Medio Oriente.
El objetivo de Costa Rica es crecer
sostenidamente, creando las fuentes de riqueza y empleo necesarias para mejorar
el progreso de nuestra sociedad, y la electricidad como motor del desarrollo
debe mantener la capacidad de amparar y apuntalar ese crecimiento económico
mejorando sostenidamente la eficiencia, calidad y seguridad de suministro, y
respetando los principios fundamentales de conservación de los recursos.
Los últimos años
han sido difíciles para el sector eléctrico.
Los atrasos en la normativa relacionada con esta materia eléctrica ha
sido uno de los factores que provocan aumento en las tarifas. De manera que
tengo muy claro que quienes integramos esta Comisión Permanente Ordinaria de
Asuntos Agropecuarios estamos llamados a cumplir con el pueblo de Costa Rica dando nuestro voto
afirmativo a las reformas que requiere el país en ámbito eléctrico.
Ahora bien en relación a las situaciones que
afectan de forma importante la
competitividad del sector agropecuario nos encontramos con altas tasas impositivas,
una política económica y monetaria inadecuadas, altos aranceles a los insumos
de producción, una infraestructura vial y portuaria en pésimo estado, lo cual
aumenta costos de transporte y exportación, altos precios e ineficiencia de los
servicios de energía por la existencia de un monopolio, una excesiva cantidad
de trámites que obliga a los empresarios a invertir más tiempo y recursos de
los deseados y atrasa irrazonablemente su actividad y la falta de acceso al
crédito por parte de las PYMES.
El ML reconoce que un factor que dificulta la actividad productiva
del sector agropecuario es, sin duda alguna, la falta de crédito para iniciar,
mejorar, ampliar o transformar el negocio, especialmente cuando se trata de
pequeños y medianos productores. Esta situación se torna muy importante por
cuanto el 98% de las empresas productivas del país son PYMES[1] y su actividad genera el 50% del empleo en Costa Rica[2]. Casi todas estas PYMES tienen dificultades para acceder al
crédito, fundamentalmente asociadas al costo de los servicios financieros, las
comisiones elevadas para la tramitación, la excesiva documentación exigida y,
especialmente, la consideración de riesgo que muchas veces termina por no
permitirles ser sujeto de crédito.
Finalmente, el tema de los subsidios a la
producción también tiene que abordarse de forma crítica en este contexto, pues
muchas veces se han utilizado estas ayudas de forma clientelista y poco
transparente, dirigiendo recursos públicos a productores cercanos a los gobernantes.
Mucho se ha argumento que la producción no puede sostenerse sin un decidido
apoyo estatal, fundamentalmente asociado a la transferencia de recursos para
estimular la producción o para reducir los riesgos del proceso mismo, pero eso
no se traduce en menores precios para los consumidores y, más bien, se
convierte en una pesada carga que deben pagar junto con los precios de los
productos, al tiempo que diluyen la responsabilidad individual, al trasladar
los costos de una mala cosecha, de un desastre natural, de la ineficiencia del
productor o del cambio en la estructura de preferencias del consumidor.
[1] Fuente del dato: Banco Improsa. Revista Empresa
PYMES. Banco Improsa invierte en sus socios de negocio. P4. En:
http://www.improsa.com/vermas.aspx?cat=187&padre=60&Cod_spot=62
[2] Fuente del dato: El Financiero. 98% de empresas
productivas en Costa Rica son PYME. En:
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/junio/14/finanzas1994537.html
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