Sr. Presidente, compañeras y compañeros diputados; amigos que nos brindan su atención:
El 1º de mayo, hemos escuchado un informe consolidado del cuatrienio de la administración Chinchilla Miranda.
La Sra. Presidente realizó un análisis retrospectivo del entorno económico internacional adverso, del 2007 al 2009, y de los embates de los efectos de la naturaleza, producto del cambio climático, que condujeron a lidiar con emergencias y desastres naturales constantes en el país.
También se refirió a la agresión, a nuestra soberanía, por parte del Gobierno de Nicaragua, con su consecuente destrucción de algunos de los humedales fronterizos, hechos todos que según su intención, pueden haber pesado en las serias dificultades cotidianas que acompañaron su gestión de gobierno.
Nos habló de una economía en crecimiento, cercana al 4.5% de una baja inflación sostenida en los últimos 3 años, de un comercio exterior que creció un 40% acumulado, de un aumento del turismo externo de un 26% acumulado, y de un aumento de la inversión extranjera directa de un 70% acumulado, en su cuatrienio.
No comprendo cómo, con estos indicadores aceptables, no ha sido posible reducir, contundentemente, los índices de pobreza y desigualdad, ni el índice de desempleo, que oscila alrededor del 10% de la fuerza laboral activa entre los 15 y 65 años.
Nos dice la señora Presidente que, al finalizar su gestión, deja una economía estable, con franca tendencia hacia la mejora del empleo. Sin embargo, las perspectivas económicas no son halagüeñas. Recientemente, Intel y Bank of America despidieron, en conjunto, a más de 3.000 trabajadores. Pipasa y Grupo Monge, acaban de reducir, en más de 200 puestos, sus planillas. Todo esto tiene un común denominador: los altísimos costos de producción que enfrentan las empresas en nuestro país. Hacer negocios aquí es muy caro, como resultado de una de las tarifas eléctricas más altas de la región, un sistema tributario sumamente complejo y elevado, excesiva tramitología y regulación extrema de todo tipo.
Si bien es cierto se han realizado algunas gestiones de parte del Poder Ejecutivo para reducir la tramitomanía, estas no han sido suficientes. Todavía persisten una gran cantidad de requisitos burocráticos que consumen importantes recursos de los emprendedores, afectando la inversión. Por mencionar tan solo un ejemplo, la bancada libertaria anterior insistió en la necesidad de implementar una agenda interna para aprovechar las ventajas generadas por los Tratados de Libre Comercio que se han firmado y ratificado, pero los propios Ministros de carteras como Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, Salud, Economía y otros, reconocieron ante la Comisión de Asuntos Internacionales, que su trabajo para mejorar la competitividad y productividad era limitado y que no se podían alcanzar las metas esperadas. Incluso, en su momento, la misma Presidente Chinchilla manifestó, ante los medios, que ya no podía hacer más en cuanto a la mejora regulatoria.
Ni qué decir en cuanto al tema energético, sobre el cual el Poder Ejecutivo careció por completo de liderazgo. Desde el principio de esta Administración, dio tumbos en cuanto a su posición respecto a la necesaria apertura del mercado energético y sobre la ampliación de participación de otros actores en él. En cierto momento, cuando existía la Comisión de Energía en esta Asamblea Legislativa, se tuvo la oportunidad de dictaminar la Ley de Electricidad, pero el Ejecutivo no tuvo la capacidad de coordinar con la fracción oficialista de entonces para aprobarlo, a pesar de tener los votos para hacerlo. Gracias a esa indecisión, seguimos teniendo graves problemas con el costo de la electricidad, el cual se ha convertido, citando textualmente a la mandataria, “en una fuerte carga financiera para nuestra producción y para los hogares del país”.
La situación fiscal del país también se erige como una amenaza muy fuerte a la inversión, al emprendedurismo y al empleo. La incertidumbre que generaría un paquete de impuestos, como el que impulsó esta Administración con el concurso del PAC, afectaría las perspectivas empresariales, provocando que se contraiga la inversión. Más impuestos, sin duda, golpearían a las empresas, en especial, a las micro, pequeñas y medianas, que no podrían enfrentar la elevación de costos que esto implicaría. Al final, el consumidor se vería gravemente perjudicado, ya que disminuiría su poder de compra, al tener que pagar más dinero por los mismos productos, además de observar una reducción de su oferta, resultado de una menor competencia y de costos más altos.
Si ya nuestro país es muy caro para producir, un incremento tributario podría ser la gota que derrame el vaso y motive a muchas de estas empresas a trasladarse a otro destino, dejando a gran cantidad de personas sin empleo.
El déficit fiscal, contrario a lo que manifiesta la señora Presidente, no se enfrenta aumentando los impuestos. La mejor manera de recaudar más impuestos y tasas, es a través de la creación de más empleos y de un mayor crecimiento económico: la economía se dinamiza, las exportaciones suben, las ventas también y el consumo de bienes y servicios también aumenta, acciones acompañadas de una inteligente y razonada contención del gasto público, supérfluo o duplicado. De nada sirve dotar al Estado costarricense de más recursos, si continúan las fugas por todos los frentes, si el despilfarro está a la orden del día. La mayor porción del gasto público corresponde a remuneraciones, un rubro en el cual existen grandes problemas con los encadenamientos y pluses del sector público que hacen insostenible cualquier esfuerzo. Por eso, urge una Ley de Empleo Público para controlar el gasto.
También es necesario implementar ciertos cambios en cuanto a la calidad del gasto y su impacto. Durante los últimos años, en los Dictámenes de Liquidación Presupuestaria, se ha venido señalando el incumplimiento de la prohibición de financiar gasto corriente con endeudamiento, señalada en el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, lo cual nos ha llevado a alcanzar un endeudamiento cercano al 50% del PIB. También se ha venido denunciando que a pesar de tener una de las mayores inversiones sociales en la historia de nuestro país -23% del PIB-, no existen indicadores de costo unitario que permitan conocer la efectividad e impacto de esa inversión en la situación de los costarricenses.
No existe vinculación entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto, por lo cual, las erogaciones no corresponden al trabajo planteado y no se logran los objetivos esperados. La subejecución presupuestaria, que en este período pasó de ¢217.466 millones en el primer año a ¢451.374 millones en la de este año (un incremento de más de un 107%), demuestra que importantes recursos no fueron correctamente utilizados en áreas como educación, salud e infraestructura. Esto repercute negativamente en la competitividad y productividad de nuestra economía.
No es posible que más de 1800 millones de dólares en empréstitos para el desarrollo de caminos, puentes y carreteras, continúen sin ejecutarse, congelados por la ineficiencia gubernamental y pagando intereses a la deuda externa. Trámites lentos en la contratación por licitaciones defectuosas; una tediosa y lenta ejecución de la carretera a San Carlos; el corredor San Ramón – San José sin iniciarse, teniendo fondos ociosos de más de 300 millones de dólares generados por las reservas del INS.
La no ejecución de los fondos de FONATEL, por más de 200 millones de dólares, provenientes de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, se pudieron haber utilizado para programas de computadoras individuales para cada estudiante en la enseñanza pública, así como para internet de banda ancha en todos los centros educativos.
Un proyecto libertario, presentado por nuestra anterior bancada, para mejorar la gestión de la Dirección de Equipamiento e Infraestructura del MEP, orientado a terminar con la incapacidad de muchas Juntas Educativas y Administrativas de escuelas y colegios, que tienen en tremendo abandono toda la red de infraestructura educativa pública, no fue posible dictaminarlo, y yace desde hace 3 años en la corriente legislativa por decisión errónea del actual Ministro de Educación.
Los logros en derechos humanos son pobres. Existe una enorme deuda en ese sentido. La salud pública falló en la reducción de las listas de espera en cirugías, exámenes de diagnóstico y citas especializadas. Acceso a vivienda digna, acceso a necesidades básicas insatisfechas como: nutrición adecuada, luz eléctrica y otros indicadores no fueron una prioridad para el Ejecutivo.
Debo reconocer, sin mezquindad, que la Red de Cuido de nuestros niños para las madres jefas de hogar ha sido exitosa, no así la administración de las becas del programa Avancemos. Múltiples informes de la Contraloría General de la República, son claros en cuanto que el dinero no llega a quien en verdad lo requiere, y tampoco es oportuno para llegar al inicio de cada período de lecciones.
Las dudas en materia del verdadero estado del Régimen de Pensiones de la Caja continúan, y no fue posible en 4 años de controversias entre la Superintendencia de Pensiones y la Junta Directiva de la Caja, tomar decisiones valientes para reforzar su sostenibilidad. Sabemos que el 85% de las reservas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte están en títulos del Ministerio de Hacienda, y eso genera otro factor de incertidumbre al Sistema.
Los fondos de baja rentabilidad del régimen Complementario de Pensiones, miles de millones de colones están subutilizados por amarres legales a las Operadoras de Pensiones, cuando podrían utilizarse para el desarrollo nacional , como pueden ser autopistas, aeropuertos, represas de generación eléctrica y otras fuentes de energías limpias, en donde los costarricenses con nuestros aportes nos convertimos en co-propietarios de esos títulos de inversión, para asegurarnos una pensión más digna, ante la zozobra o naufragio del régimen solidario que administra la Seguridad Social.
Estos elementos que he mencionado representan apenas una pincelada de la situación que nos deja la Administración Chinchilla Miranda. Su frase, “entregamos una Costa Rica encaminada hacia un futuro más promisorio”, expresada ante este Congreso el pasado jueves, no es más que la evidencia de esa fantasía que envolvió este período cuatrienal sobre el que me pronuncié al inicio de esta alocución.
Falta mucho por hacer, hay mucho que corregir. El legado que nos dejan no es promisorio, los cimientos son débiles y en este proceso electoral estuvimos muy cerca de retroceder en el camino del progreso, arriesgándonos a perder muchas de las libertades que hemos conseguido hasta hoy.
El trabajo de esta bancada será duro: tenemos que luchar para no perder esas libertades, para conservar lo ganado y abrir más rendijas por las cuales ingresen otras tantas. Los libertarios tenemos la firme convicción en nuestros principios, en nuestras ideas y procuraremos aportar nuestro granito de arena para lograr una Costa Rica mejor para esta generación y las venideras.
Quiero externar mis mejores deseos de una gestión exitosa al gobierno que ya inicia. Espero que la ciudadanía, que votó masivamente por el cambio, no reciba un desencanto, porque la oportunidad que el pueblo la ha dado al Partido Acción Ciudadana y a sus aliados en el Ejecutivo y el Legislativo, es un cheque de enorme valor para ser bien utilizado. Los electores que apoyaron ese cambio, no deben ser defraudados.
