De sobra
se ha debatido, por ejemplo, sobre el uso que pueden darse a los excedentes
enormes del Instituto Nacional de Seguros, de los Bancos del Estado y de los
fondos abundantes de las diferentes operadoras de pensiones complementarias,
generadas a partir de la ley de Protección al Trabajador.
Estas últimas, según el corte a setiembre pasado,
administraban en conjunto, ¢3,6 billones de los trabajadores, que equivalen al
13,3% de la producción del país. Y hablo, entre otras, de Vida Plena, BN Vital,
Popular Pensiones, la Caja del Seguro, y BAC San José que son las mayores
inversoras.
De dicho monto, solo ¢28.450 millones; es decir, 0,78%
del total, está invertido en fideicomisos del Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), utilizados para construir plantas de generación de energía.
Nos alegra de la noticia de que
el CONASSIF - Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero- órgano de apoyo a las superintendencias en la
regulación y supervisión de entidades que operan en el sistema financiero del
país, derogó el pasado 22 de
setiembre, el tope máximo que tenían las OPC (operadoras), para invertir en
emisiones de valores destinadas a obras. El cambio está pendiente de publicarse
en La Gaceta.
Esta medida permitirá subir de un 0.78% actual a un 10%, la autorización para invertir en
fideicomisos de titulación de obra pública. Dispondremos entonces de $850
millones de dólares para financiar todo tipo de carreteras, puertos o
aeropuertos que sean rentables para todos nosotros, que somos los propietarios
de esos fondos.
Actualmente la mayoría de esas inversiones están en
títulos del Ministerio de Hacienda, es decir, son utilizadas por el estado para
sostener el abultado déficit fiscal en pago de salarios, pensiones,
transferencias y otros disparadores del gasto de sobra conocidos.
El riesgo de invertir solo en títulos de Hacienda es
evidente, pues aunque se estila declarar que el estado nunca quiebra, la
experiencia nos dice que, en países como el caso de Grecia y otros, esta
premisa en la práctica no ha sido tan veraz como la presentan.
Los ahorros de todos los costarricenses podrán ahora
ser utilizados en el desarrollo mismo del país. Proyectos de este tipo han sido
exitosos en otros países, como el caso de Chile, donde se han construido
enormes autopistas y represas con los fondos de pensiones, que generan grandes
ganancias a través de los peajes y generación eléctrica, las cuales pasan a
engrosar las cuentas individuales de retiro de cada uno de los ahorrantes,
trayendo consigo más y mejores montos de pensiones para la vejez.
Estamos sentados sobre una botija de oro, y nos
sentimos un país pobre. Así son las ironías de la vida en Costa Rica. Las
amarras legales y los condicionamientos para invertir nuestros propios dineros,
parecieran querer soltarse en nuestro país.
Falta ahora, soltar también el nudo de la cogeneración
eléctrica, para permitir que este tipo de fideicomisos de titulación en
inversión, lleguen a generar producción de energías limpias como proyectos
geotérmicos, eólicos, y también a partir
de biomasa.
Queda confirmado que dinero sobra, lo que ha faltado
es voluntad para permitir la inversión en todos estos tipos de obra mediante
fideicomisos de titulación.
La noticia reconforta; y si aparece mayor necesidad de
dinero, el CONASSIF ha reiterado que puede autorizar un mayor porcentaje de
inversión en esos fondos.
A pesar de que sindicatos antipatriotas pretenden
detener el avance del país, emergen aires de positivismo para darnos un aliento
de esperanza en el horizonte del desarrollo nacional.
