El
Semanario Universidad del miércoles 10 de diciembre, dio un seria
campanada al Partido Acción Ciudadana y al Gobierno de Luis Guillermo Solís.
La encuesta del CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR; nos dice que se desdibujan
las esperanzas del cambio y se apaga la alegría, tras 7 meses de la
Administración actual.
Entre julio y noviembre, las opiniones positivas acerca de la
gestión del Gobierno cayeron de 39,2% a 30,8% y los criterios desfavorables
pasaron de 19,8% a 34,5%.
Hay desconfianza en el rumbo del país. En tal sentido,
quienes tenían una percepción positiva del rumbo, disminuyeron del 33,1% al
27,7% y las personas que creen que el país va mal o muy mal, aumentaron del
37,6% al 45,5%.
En resumen, las opiniones desfavorables acerca del desempeño
del Gobierno se duplicaron tras el ascenso del PAC y de Luis Guillermo Solís al
poder.
Los hallazgos de este último estudio de opinión elaborado por
el CIEP de la UCR, son claros en advertir un fuerte cambio en la tendencia de
las opiniones. Pareciera que la euforia de los “selfies” en las redes sociales,
y de las posturas simbólicas sobre temas controversiales, se le agotan como promotores
de la actividad Presidencial.
El alto costo de la vida, la poca acción y la parsimonia de
sus acciones le pasan la factura al Presidente.
La ciudadanía quiere más acciones concretas y menos discursos
retóricos y planes de desarrollo.
El pueblo está deseoso de ver decisiones en materia de
política energética, de obras de infraestructura trascendentales, de cambios
positivos en el modelo de atención en salud, de reformas educativas orientadas
al aprendizaje de idiomas y de desarrollo tecnológico.
Todos los costarricenses aspiramos a un mejor estilo de vida.
El gobierno no quiere actuar tampoco en resolver las serias
investigaciones del diario La Nación sobre el precio que pagamos por nuestros
combustibles, en donde se ha descubierto un escandaloso concubinato entre la
Aresep, sus jerarcas y la Refinadora que no refina, para mantener subsidios
ocultos y altos impuestos a todos los carburantes y salarios de funcionarios
que consumen la mitad del gasto institucional, situación que nos ha llevado a
tener los precios más altos en Centroamérica, y una peligrosa y creciente
facturación eléctrica.
Creo que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público
tendrá que intervenir pronto, para esclarecer aún más la realidad de lo que
sucede a lo interno de esas oscuras confabulaciones en la fijación de tarifas en hidrocarburos.
El levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral,
emitido por el anterior gobierno, tampoco es la solución, por más compromisos
políticos existentes. Reconozco que esta ley es un importante avance en cuanto
a la celeridad de los procesos laborales, pero no puede convertirse en un
caballo de Troya, permitiendo las huelgas en servicios esenciales como salud y
seguridad. El control del Directorio Legislativo no justifica poner en riesgo
la estabilidad laboral y el clima de inversiones en el país.
La votación de la ampliación del plazo cuatrienal del
proyecto para una discusión tranquila, desapasionada, analizada en frío
y consensuada de esa reforma y sus nuevas adecuaciones, era lo
procedente. La moción de ampliación del plazo ya estaba presentada y no era
necesario optar por acciones precipitadas como la que se tomó.
El Presidente Solís se está quedando solo a 7 meses de su
gestión, día con día dilapida el capital político que lo sentó en Zapote; y
pierde aliados políticos necesarios para lo que se avecina en esta Asamblea
Legislativa.
